- Copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral o cualesquiera otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda. Por lo tanto, no se trata de una lista cerrada, ya que se habla de documentos análogos. Pero hay que tener presente que si la deuda no se puede acreditar con algún documento adecuado para acudir a este procedimiento, no quedará más remedio que acudir al procedimiento que corresponda para celebrar un juicio, aportando de esta forma al Juez las pruebas de que se disponga (por ejemplo, la declaración de un testigo, etc)
- En el caso de documentos privados, deberán presentarse los originales o copia debidamente autenticada. En caso de presentarse copia simple, surtirá los mismos efectos que la original siempre que las otras partes no cuestionen su validez.
UGT Ayuntamiento Palencia
Por Lorenzo J. Leiro Argüelles
Wikipedia
miércoles, 26 de marzo de 2025
PROCESO MONITORIO EN EL ORDEN SOCIAL
sábado, 8 de marzo de 2025
EL CORREO PARTICULAR NO ES PARA USO DE LA EMPRESA
NO ES ADMISIBLE PACTAR CON EL TRABAJADOR QUE PONGA A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA EL CORREO PERSONAL
La STS n.º 1304/2024, de 27 de noviembre de 2024, ECLI:ES:TS:2024:5969 ha confirmado una sentencia que prohíbe a las empresas exigir a sus empleados el ofrecimiento de su correo electrónico personal para cuestiones laborales
La empresa demandada gestionaba un 80 % de su plantilla en modalidad de teletrabajo desde 2020, exigiendo a los trabajadores proporcionar un correo personal para trámites laborales. Sin embargo, únicamente algunos trabajadores específicos (estructuras o secciones sindicales) contaban con correo corporativo.
El Tribunal Supremo, en la sentencia STS 1304/2024, declara que no es válido que una empresa obligue a sus trabajadores a usar su correo electrónico personal para cuestiones laborales, ni que incluya esta exigencia en los contratos de teletrabajo. Esta práctica vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos, además de contradecir la normativa aplicable.
FUNDAMENTOS: Obligación de proporcionar medios adecuados
En el teletrabajo el correo electrónico es un medio esencial para realizar la actividad por lo que la empresa debe proporcionarlo. En efecto, Según la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia (art. 11.1) las empresas están obligadas a garantizar que los trabajadores dispongan de todos los medios necesarios para desarrollar su actividad, incluido un correo corporativo.
¡¡VALOREMOS!!
Este tipo de cuestiones, nos lo seguimos encontrando a diario en cualquiera de nuestras administraciones... y en las empresa, como vemos, a tenor de la sentencia igual o más... para terminar en las altas instancias de la justicia.
Es necesario rec ordar que la jurisprudencia es abundante y clara al respecto. Los Tribunales expresamente han establecido que no se puede obligar a los trabajadores a emplear sus propios medios tecnológicos para fines corporativos o empresariales.
Otro ejemplo a apuntar es la Sentencia del Tribunal Supremo nº 163/2021, de 08 de febrero de 2021, que prohíbe exigir a los empleados la aportación de sus teléfonos móviles personales para instalar aplicaciones corporativas, como las destinadas a la geolocalización mediante GPS, tal como ocurrió en el caso "Track Telepizza".
Esta prohibición, no obstante, no se limita únicamente a los trabajadores que realizan su actividad en régimen de teletrabajo. También resulta plenamente aplicable a los trabajadores presenciales. Por tanto, exigir el uso de un teléfono móvil personal para el registro de jornada o para establecer comunicaciones corporativas resulta contrario a la normativa.
En estas situaciones, la empresa está obligada a proporcionar al trabajador los medios tecnológicos necesarios para el desempeño de su actividad. Alternativamente, deberá compensar de manera expresa al trabajador por el uso de dichos medios, siempre y cuando se pueda demostrar que el trabajador aceptó libremente dicha compensación y su uso.
La doctrina señala que el consentimiento del trabajador para el uso de medios tecnológicos propios será válido únicamente si se acredita que este fue prestado de forma libre. Esto implica que el trabajador debía contar con la posibilidad de rechazar dicha aportación sin temor a sufrir consecuencias negativas en su relación laboral.
miércoles, 29 de enero de 2025
CONCURSOS DE TRASLADOS: excluidos los indefinidos no fijo
INDEFINIDOS NO FIJOS EXCLUIDOS DE LOS CONCURSOS DE TRASLADO EN LA ADMINISTRACIÓN. Sentencia del Tribunal Supremo 625/2024
RECURSO DE CASACIÓN
La letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) 1482/2022, de 23 de septiembre, en el recurso de suplicación 2226/2021, solicitando su estimación y la casación y anulación de la sentencia recurrida.
El recurso invoca de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura, de 11 de junio de 2019 (rec. 248/2019), denunciando la infracción de los artículos 14 CE, 15.6 ET, 83 EBEP, Directiva 1999/70/CE, y artículo 14.1 apartado a) Convenio Colectivo aplicable para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta.
OPOSICIÓN AL RECURSO
La parte recurrida en casación ha impugnado el recurso de casación para unificación de doctrina alegando que no existe contradicción e interesando la desestimación del recurso.
INFORME DEL MINISTERIO FISCAL
El Ministerio Fiscal considera que el recurso de casación para unificación de doctrina debe ser declarado procedente.
EXAMEN DE LA CONTRADICCIÓN
Se aprecia la contradicción entre ambas sentencias en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS, pues tratándose de trabajadoras con contratos laborales, indefinidos no fijos, que prestan servicios en un organismo público, solicitan participar en un concurso de traslados y, mientras que la sentencia recurrida estima el recurso y la posibilidad de que la trabajadora participe en el concurso, la sentencia de contraste, sin embargo, estima el recurso de la Junta de Extremadura, denegando a la trabajadora la posibilidad de acceder al concurso de traslados. En ambos casos rigen sendos convenios colectivos que limitan la participación en este tipo de concursos al personal laboral fijo.
JUICIO DE LA SALA
La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si una trabajadora laboral que ha adquirido la condición de indefinida no fija, tiene o no derecho a participar en un concurso para la provisión de puestos de trabajo adscritos al personal laboral que, en cumplimiento del artículo 14 del convenio aplicable, restringe la participación en dichos concursos a los trabajadores fijos.
La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si una trabajadora laboral que ha adquirido la condición de indefinida no fija, tiene o no derecho a participar en un concurso para la provisión de puestos de trabajo adscritos al personal laboral que, en cumplimiento del artículo 14 del convenio aplicable, restringe la participación en dichos concursos a los trabajadores fijos.
Hemos de recordar que la diferencia más trascendente entre el fijo y el indefinido no fijo, para el acceso a una plaza fija, consiste en que este tipo de personal está prestando servicios en el ámbito público sin haber ingresado a través de un procedimiento en el que se hayan garantizado los principios de igualdad, capacidad y mérito, tal como exigen expresamente los artículos 23.2 y 103.3 CE. Principios que se insertan en el núcleo básico de la regulación de la organización y el funcionamiento de las Administraciones públicas españolas, en garantía del principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución. Y esa diferencia ontológica es lo que permite distinguirlo del fijo y del eventual, y resulta ser la característica principal que explica que su contrato pueda extinguirse por cobertura o desaparición de la plaza que ocupa.
Tal diferencia puede considerarse como una circunstancia objetiva y razonable que apoye lícitamente la exclusión del personal indefinido no fijo del concurso de traslados previsto en el convenio colectivo y excluya cualquier atisbo de discriminación en contra de tal tipo de trabajadores; pues ha afirmado reiteradamente el Tribunal Constitucional (una síntesis en STC 149/2017) que el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 CE no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el citado precepto constitucional, sino tan solo «las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas», lo que veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos.
En resumen, el principio de igualdad no solo exige que la diferencia de trato resulte «objetivamente justificada», sino también que supere un «juicio de proporcionalidad» en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 104/2004 y 117/2017).
En resumen, el principio de igualdad no solo exige que la diferencia de trato resulte «objetivamente justificada», sino también que supere un «juicio de proporcionalidad» en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 104/2004 y 117/2017).
Por lo que específicamente se refiere a las diferencias de tratamiento entre trabajadores fijos y temporales, en doctrina perfectamente aplicable a los indefinidos no fijos, el TC ha mantenido en reiteradas ocasiones que si bien la duración del contrato no es un factor desdeñable a la hora de establecer ciertas diferencias entre unos y otros trabajadores (STC 177/1993), estas diferencias han de tener su origen en «datos objetivos relacionados con la prestación de trabajo o el régimen jurídico del contrato que las expliquen razonablemente» (STC 104/2004), y sin que, en ningún caso, alcancen «al distinto tratamiento que, en perjuicio de los trabajadores temporales, se dispensa sin apoyo en datos objetivos y con merma de su posición misma como trabajadores de la empresa» (STC 71/2016).
El hecho de que el personal indefinido no fijo haya ingresado en la Administración sin haber superado un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad, constituye un dato objetivo relacionado con el régimen jurídico del contrato que explica razonablemente, dotándola de coherencia y racionalidad, la exclusión de los indefinidos no fijos de los procesos de traslados.
El hecho de que el personal indefinido no fijo haya ingresado en la Administración sin haber superado un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad, constituye un dato objetivo relacionado con el régimen jurídico del contrato que explica razonablemente, dotándola de coherencia y racionalidad, la exclusión de los indefinidos no fijos de los procesos de traslados.
Es más, de la reciente STJUE de 22 de febrero de 2024 (asuntos acumulados C-59/22, C-110-/22 y C-159-22) no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos, que como ya se ha visto es algo incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia Administración pública —que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública— y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente [STC 236/2015, de 19 de noviembre —FJ 8.º—, y STS -3.ª- de 12 de julio de 2023, rec. 7815/2020]. Tampoco se deriva de la indicada sentencia una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y el de los temporales (que asimila, de manera discutible, a los indefinidos no fijos), porque la Directiva 1999/70/CE (cláusula 4.ª) permite un trato diferente ente temporales y fijos por razones objetivas.
La adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto, lo que también es predicable de los indefinidos no fijos, constituye elemento objetivo suficiente que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado, como explícitamente lo reconoce el convenio de aplicación.
La adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto, lo que también es predicable de los indefinidos no fijos, constituye elemento objetivo suficiente que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado, como explícitamente lo reconoce el convenio de aplicación.
Autor/a: Miryam Quintanilla Navarro
sábado, 25 de enero de 2025
NUEVO PERMISO POR DONACIÓN
La Ley 6/2024, de 20 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, ha creado un nuevo permiso laboral y prestación por IT en caso de donación de órganos.
Se añade un "nuevo apartado g)" en el artículo 37.3 del ET, que establece el nuevo permiso retribuido para los donantes de órganos. Aunque aquí vemos algo extraño, con la misma letra “g” tenemos también el nuevo permiso climático de 4 días. Habrá que esperar a que subsanen el artículo, que de momento aparece así en el BOE:
“g) [sic] Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo”.
El objeto de esta modificación no es otro que el de recoger en nuestra legislación un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad de los donantes vivos y de sus órganos o tejidos, así como para la prestación del consentimiento, siempre que deba tener lugar dentro de la jornada de trabajo.
De la misma forma, se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social en los términos relativos a la prestación de incapacidad temporal en la que surgirá el nuevo permiso. Se añade un nuevo párrafo en el artículo 169.1 a) de la LGSS, por lo que a las situaciones de IT clásicas, además de las excepcionales ya añadidas, ahora se suma la siguiente: "Se considerará situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella en la que se encuentre la persona trabajadora donante de órganos o tejidos para su trasplante. Esta situación comprenderá tanto los días discontinuos como ininterrumpidos, en los que el donante reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo como consecuencia de la preparación médica de la cirugía, como los transcurridos desde el día del ingreso hospitalario para la realización de esta preparación o la realización del trasplante hasta que sea dado de alta por curación".
De la lectura de ambos preceptos, parece que nos encontramos ante situaciones diferentes. En la regulación del Estatuto de los Trabajadores se refiere a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, todos ellos de carácter previo y en la nueva regulación del supuesto en la LGSS se refiere a una fase posterior, dado que hace referencia a una actuación de carácter sanitario -recibir asistencia sanitaria, que es la derivada de la preparación médica de la cirugía, hospitalización o realización del trasplante- y siempre que imposibilite realizar el trabajo, algo lógico por otra parte.
También se ha privilegiado esta situación, dado que la prestación consistirá en un subsidio equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (art. 171 LGSS).
Se establece expresamente en el art. 172 a) párrafo segundo LGSS que esta situación especial no exige periodo de cotización alguno.
Ahora el art. 173.1 LGSS establece que en esta nueva situación especial de IT "por donación de órganos o tejidos para su trasplante", el subsidio se abonará a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el mismo día de baja. Y hasta el alta médica que permita la reincorporación.
Expresamente se añade en el art. 144.4 LGSS que: “la obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, gestación desde el día primero de la semana trigésima novena y aquella en la que se encuentren las personas donantes de órganos o tejidos para su trasplante; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente”. Podemos entender que se establece dicha obligación de cotización tanto para el disfrute del permiso como para la nueva situación especial de IT.
Para finalizar, con idéntica redacción se instaura el mismo permiso y prestación económica para los funcionarios públicos en el art. 48 m) EBEP, así como la contingencia protegida en su Régimen Especial, extensible al personal de la Administración de Justicia (MUGEJU), Fuerzas Armadas y MUFACE.
lunes, 30 de diciembre de 2024
POESÍA PARA EL NUEVO AÑO.
CARPE DIEM:
No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz,
sin haber alimentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el
derecho de expresarte, que es casi un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario…
No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al
mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta.
Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra
propia historia.Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú
puedes aportar una estrofa…
No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el
hombre.
No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un
silencio espantoso. No te resignes, huye…
«Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo», dice el poeta;
valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las
pequeñas cosas.
No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados.
No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la
vida en un infierno.
Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante.
Vívela intensamente, sin mediocridades.
Piensa que en ti está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin
miedo.
Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se
alimentaron de nuestros «Poetas Muertos», te ayudarán a caminar por
la vida.
sábado, 14 de diciembre de 2024
ANUARIO SOBRE JURISPRUDENCIA LABORAL: 2022 / 2023
![]() ANUARIO JURISPRUDENCIA 2022&ANUARIO JURISPRUDENCIA 2023
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lunes, 9 de diciembre de 2024
NO INDEMNIZACIÓN A INDEFINIDO NO FIJO QUE ESTABILIZA
El TSXG rechaza la indemnización solicitada a la Xunta por una indefinida no fija tras tomar posesión de esa plaza como funcionaria
Muchos compañeros, con los procesos de estabilización resueltos, en muchos casos, nos preguntan sobre la posibilidad del reconocimiento del derecho a una indemnización aunque hayan estabilizado, pero si bien en la misma plaza pero en diferente puesto. Aprovechamos para hacernos eco aquí del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia... aunque todavía puede haber pronunciamiento diferentes. (adjuntamos la sentencia).
La Sala General de la Sala de lo Social asegura que el derecho a una compensación nace cuando cesa la prestación de servicios, “pues el perjuicio que se trata de indemnizar deriva del propio cese y de la pérdida del puesto de trabajo”.
Autor Comunicación Poder Judicial
- La Sala General de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), formada por 19 magistrados y magistradas, ha rechazado que la Xunta de Galicia deba indemnizar con 32.000 euros a una asistenta social que en 2016 obtuvo, a través de una sentencia y tras permanecer en el puesto como interina desde 2007, la condición de indefinida no fija por el fraude y abuso de la contratación temporal o, subsidiariamente, con 10.000 euros por haber cesado en la plaza que venía ocupando como personal laboral indefinido no fijo y tomar posesión nuevamente en 2023 de esa misma plaza como funcionaria de carrera al haber superado el proceso selectivo convocado.
- El alto tribunal gallego, de esta forma, ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, que también desestimó la pretensión de la demandante, “al considerar que el hecho de que siga prestando servicios después de haber superado un proceso selectivo con la condición de funcionaria y haya, como consecuencia de ello, estabilizado su relación con la Administración demandada, no permite considerar que tenga derecho a ninguna de las indemnizaciones que reclama”.
El TSXG explica en la resolución, en cuanto a la indemnización como sanción por el fraude o abuso de la contratación temporal, que la jurisprudencia “ha venido considerando que la transformación de la relación laboral en indefinida no fija era una medida válida para hacer frente al abuso y al fraude en la contratación temporal”. Además, subraya que, si bien “el personal trabajador indefinido no fijo tiene derecho a una indemnización de veinte días por año en el supuesto de amortización del puesto o también en el caso de cese por cobertura reglamentaria de la vacante ocupada”, recalca que la jurisprudencia “ha venido a señalar también que no hay un cese válido de persona trabajadora indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la vacante ocupada, si la plaza ocupada era de personal funcionario”.
En este caso, según añade la Sala General de la Sala de lo Social, se suma “la particularidad de que la persona que finalmente cubrió la plaza como funcionaria fue la propia parte actora”. Por lo tanto, concluye que “en ningún caso procedería la indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades”, pues indica que tal indemnización “está prevista por la jurisprudencia para el cese de una persona trabajadora indefinida no fija por la cobertura reglamentaria de la plaza, lo cual no es el caso”.
En la sentencia, los magistrados/as también rechazan que proceda la indemnización solicitada por haber cesado en la plaza, pues consideran que la pérdida de la condición de personal laboral indefinido no fijo al haber superado el proceso selectivo y ostentar ahora la condición de funcionaria, “no le irroga ningún perjuicio, dado que ha pasado a una situación más favorable, por cuanto mantiene ahora una relación estable con la Administración”. A lo que añade que “no puede dejar de calificarse de voluntaria esta pérdida de la condición de personal laboral indefinido no fijo de la trabajadora, por cuanto ha sido la actora la que voluntariamente se ha presentado al proceso selectivo y voluntariamente ha tomado posesión de la plaza como funcionaria”.
“En modo alguno puede extraerse la conclusión de que el TJUE esté reconociendo el derecho a una indemnización por la simple consideración de la fraudulencia del contrato temporal y sin que previamente haya habido una extinción de la relación laboral, extinción que, evidentemente, es lo que causa el perjuicio que debe ser indemnizado, como así se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, advierte el TSXG, al tiempo que incide en que, en este caso, no se trata de “un supuesto de extinción contractual, ya que la actora sigue trabajando para la demandada”. Además, señala que “no han sido acreditados otros concretos perjuicios personales, familiares, profesionales o económicos derivados de la previa ocupación de la plaza como personal laboral indefinido no fijo”.
La Sala General de la Sala de lo Social destaca que “el derecho a una compensación económica para el personal temporal cuando se aprecia fraude en la contratación nace en el momento en el que cesa la prestación de servicios, pues el perjuicio que se trata de indemnizar deriva del propio cese y de la pérdida del puesto de trabajo, no de la situación de fraude previamente existente”. La sentencia, que no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación, cuenta con el voto particular de seis magistrados/as, quienes defienden que se debe acceder a la indemnización solicitada en relación con el carácter abusivo de la contratación temporal.