SEGUIMOS INFORMANDO
SEGUIMOS LUCHANDO Y PELEANDO
Aquí nos quedamos, aquí no sobra nadie.
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Desde este sindicato defendemos que la integración es una oportunidad vital tanto para el personal directo del Ayuntamiento como para el propio personal del patronato; que conducirá a «una mejora retributiva y de condiciones para el personal, así como mayores posibilidades de promoción y movilidad, una mejor gestión de los recursos municipales, simplificación y racionalización de estructuras, mejor coordinación entre departamentos y cobertura de necesidades con personal propio». En algunos casos, conllevará también a una posterior funcionarización, siempre posterior al propio proceso de absorción.
La seguridad jurídica de quien ha presentado la moción junto con la seguridad de quienes lo apoyan, nos permiten asegurar el buen fin de la misma; sin ocultar que el proceso es complejo y que se tendrá que avanzar y pensar en futuro, por ejemplo, será necesario adaptar y modificar la RPT del Ayuntamiento, allanando dificultades para la integración de todos los puestos y siempre bajo criterios de reciprocidad.
Por tanto, sintetizando, tanto esta Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Palencia como el propio Comité de Empresa, la motivación para defender esta integración de la plantilla del PMD, la razón no es económica. Consideramos que superadas cuatro décadas desde la creación del organismo autónomo es el paso que corresponde dar dentro de la organización y estructura del Ayuntamiento, y fundamentalmente es un tema de homogeneizar y simplificar la estructura. En ningún caso esta integración puede afectar a ninguno de los puestos de trabajo actuales. Ese es un punto de partida y una garantía básica que ha de prevalecer en todo el proceso, además nos permitirá ganar en eficiencia y economía del esfuerzo municipal e incluso recuperar funciones que habían sido burdamente privatizadas y otros servicios descabezados y descapitalízanos en lo humano.
OTROS CASOS - LA JURISPRUDENCIA CASO DEL FERROL
El TS afirma que se está ante la supresión de entidades públicas en el marco de una reorganización del sector público municipal como consecuencia del cual el Ayuntamiento pasa a gestionar directamente los servicios antes prestados por aquéllas y acuerda su subrogación en las relaciones jurídicas que ligaban a dichas entidades con sus empleados, algunos de los cuales eran funcionarios y otros laborales pero, en la medida en que trabajaban para esas entidades públicas y desde que pasaron a hacerlo, ya tenían la condición de empleados públicos. Por tanto, resulta, sin lugar a dudas, que, en contra de lo sostenido por el TSJ, es aplicable al caso el art. 44 ET (actual art. 44 ET/15).
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| PLENO DE SEPTIEMBRE DE 2018 DONDE TAMBIÉN SE APROBÓ LA DISOLUCIÓN DEL PATRONATO |
El Tribunal Supremo ha anulado el requisito de tener una estatura mínima de 1,60 metros exigido a las mujeres para hacer las pruebas de ingreso en la Policía Nacional al considerar que es una discriminación indirecta respecto de los hombres.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha justificado que el mínimo impuesto a los hombres es menos exigente, de 1,65 metros, ya que el porcentaje de mujeres que no alcanza su altura exigida es mucho mayor (25 %) que el de hombres (3 %).
En octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) juzgó que era discriminatorio exigir la misma altura para hombres y mujeres. Pero ahora el Supremo considera que no basta con establecer marcas mínimas diferentes si, además, no se tienen en cuanta las acreditadas diferencias de estatura media, según sexo, de la población española.
A raíz del recurso de una mujer excluida en 2017
Con esta sentencia, el Supremo estima el recurso de una mujer que fue excluida en 2017 del proceso selectivo para ingresar en la Escala Básica de la Policía Nacional porque medía 1,56 metros y, por lo tanto, no cumplía con el requisito de la estatura mínima.
La afectada recurrió el acuerdo del tribunal del proceso selectivo ante el Consejo de Ministros, quien desestimó su petición por silencio administrativo. Por ello, planteó un recurso ante el Supremo, al que reclamó además la anulación del requisito establecido en el artículo 7.c del Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía.
Para ella, la discriminación se producía porque los límites fijados no concordaban con las estaturas media actuales de los hombres (1,74) y mujeres (1,63) entre los 20 y los 49 años en España. Con estos datos, argumentaba que era mucho mayor el porcentaje de mujeres que no alcanzaban la estatura requerida que el de hombres, de modo que solo con una estatura mínima de 1,54 metros para las mujeres habría igualdad.
Ahora, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de la mujer a realizar las pruebas y ha anulado su exclusión del proceso selectivo de 2017. Así, si aprobara, se le reconocerían la antigüedad y el escalafón que le corresponderían si hubiera podido aprobar entonces.
Al estimar el recurso, el Supremo apunta que la finalidad de la norma de permitir la participación plena de ambos sexos en las funciones propias del Cuerpo de Policía, "en nada se relaciona con ese requisito de estatura mínima diferente que es en sí mismo discriminatorio por restrictivo para el acceso de la mujer".
Los magistrados han subrayado que, en primer lugar, atañe a la Administración demostrar la existencia de razones objetivas y legítimas para una diferencia de trato que no sea discriminatoria. Sin embargo, no se ofrece ninguna justificación en el preámbulo del reglamento.
El abogado del Estado, por su parte, argumentó que los agentes de policía, con independencia de su sexo, deben poseer unas características que permitan valer para diferentes puestos en función de las necesidades. A ello, la sentencia ha respondido que la norma tampoco recoge "justificación" en relación con "esa polivalencia y su influencia en el mantenimiento de la seguridad ciudadana".
Además, la Sala subraya que dentro del proceso selectivo hay pruebas físicas y médicas que garantizan la idoneidad física y médica para ejercer de policía. Como señala la afectada, dentro de la estructura del Cuerpo policial existen también muchas áreas funcionales que no necesitan ninguna condición física especial, "y mucho menos tener una estatura más o menos elevada".
Finalmente, la sentencia recuerda que otros cuerpos policiales, como la Guardia Civil, piden una estatura mínima menor que en la policía. En la escala de cabos y guardias, por ejemplo, se exige 1,60 m. para hombres y 1,55 m. para mujeres.
En febrero, el Ministerio del Interior anunció que la Dirección General de la Policía Nacional suprimirá el requisito de estatura mínima para ingresar, una medida que podría estar implantada en la próxima convocatoria de pruebas prevista para el año 2023.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que la medida serviría para romper "uno de los techos de cristal" que torpedeaba el acceso de la mujer. "La actual regulación es más restrictiva para la mujer. Su límite está solo dos centímetros por debajo de la estatura media de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres el margen llega hasta los nueve centímetros", defendió. --
¡ADIOS PATRONATO .... HOLA DEPORTES!!
En el debate, el PSOE ha defendido que la intención es simplificar la gestión, racionalizar el gasto y mejorar el servicio sin encarecer el coste. Algo que ha puesto en duda Ciudadanos, que justifica su abstención en la falta de datos que indiquen que el cambio organizativo pueda asegurar mejora alguna. Mario Simón ha lamentado que se tome esta decisión en base a una postura política y sin datos que den ninguna certeza.
En cuanto a la posición de Ganemos, su portavoz Sonia Ordóñez, ha seguido insistiendo en la inconveniencia de que exista más personal de oficina en el patronato que en los puestos destinados a los servicios deportivos. Asimismo ha recordado la necesidad facilitar formación al personal y de revisar la situación de los trabajadores que en algunos casos están trabajando sin estabilidad y con contratos por debajo del salario mínimo.
Vox ha calificado de dislate la política de personal del Patronato, también ha criticado la forma de acceso al organismo y los salarios, así como el nulo control político sobre el mismo.
El Partido Popular ha pedido coherencia a todos los partidos y se ha preguntado que si no se puede adelgazar el gasto en servicios ni tampoco personal, ahora inmerso en un proceso de estabilización, de qué forma se va a poder reducir ese gasto. Además Víctor Torres ha sido especialmente crítico con Vox a quienes acusa de presumir de dar estabilidad al gobierno municipal pero votar junto a la izquierda y en contra de las propuestas del PP y Ciudadanos.
Por su parte la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ha respondido al concejal de deportes Víctor Torres recordando que en el documento firmado en junio de 2019 por PP, Vox y Ciudadanos, y que dio la alcaldía de la ciudad a Mario Simón, se recogía en uno de sus puntos el compromiso de proseguir con la integración del Patronato en el Ayuntamiento.
Desde el PSOE han recordado al alcalde que tiene la obligación de llevar a efecto la resolución del pleno de hoy antes de que acabe la legislatura y sin más demora, y evitar que se paralice como ya ha ocurrido con acuerdos alcanzados en el mismo sentido con anterioridad.
SALUDOS
Lorenzo Leiro Argüelles
Delegado Sindical UGT
Más de 600 delegadas y delegados de UGT y CCOO en Castilla y León hemos participado hoy en la asamblea conjunta celebrada en el auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid en la que se han tratado todos los incumplimientos del gobierno de la Junta de Castilla y León en materia de Diálogo Social.
En este sentido, ha continuado señalando que, mientras las consejerías del PP han cumplido los acuerdos firmados, en la de Industria, que se concentra la mayor parte de los acuerdos firmados, “ni se ha dignado a convocar las mesas”. Así, el consejero Veganzones no ha convocado 100 millones para personas desempleadas, procedentes del gobierno de la nación, y esta situación la trasladarán, según ha indicado Temprano, al gobierno central para que conozcan lo que está pasando en Castilla y León con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado.
Por último, Temprano responsabilizó de todos incumplimientos al presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, por consentirlos y no poner freno a las actuaciones de su socio de gobierno que han llevado, “por la vía de los hechos consumados”, a la ruptura del marco de concertación existente, y le exigió “que de un puñetazo en la mesa para terminar con el conflicto abierto”.
Por su parte, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT Confederal, Cristina Estévez, lamentó que el gobierno de Castilla y León sea famoso ya en Europa por sus intentos de romper del Diálogo Social, proceso de concertación que cuenta con el reconocimiento de las máximas instancias europeas”.
Estévez también ha hecho referencia a la situación en la que se encuentra la negociación del AENC, criticando la postura de la patronal al negarse a negociar las cláusulas de revisión salarial que son las que aseguran el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y sus familias. Y, en este sentido, ha realizado una “distinción entre empresas y patronal” porque mientras hay empresas que están dispuestas a negociar, “la cúpula de la patronal se niega porque se está mirando el ombligo y preocupada más en cuestiones internas”.
Al mismo tiempo, hizo referencia a que, según los datos de Eurostat, los costes laborales españoles son los más bajos de Europa y, además, los que menos han crecido en los últimos años, por lo tanto “los costes laborales no lastran la productividad de las empresas ni la competitividad de la economía española”, sentenció Estévez.
Para terminar, hizo un llamamiento a la participación en la manifestación que tendrá lugar el 3 de noviembre en Madrid bajo el lema “Salario o Conflicto” frente a lo que ha definido como “irresponsabilidad” de la patronal.
Las obras y servicios a realizar, deberán cumplir los siguientes requisitos: