La Junta de Castilla y León ha reunido hoy su Consejo de Gobierno para definir la situación en la comunidad una vez que en la noche del sábado al domingo decaiga el toque de queda. Más allá de argumentos jurídico y de las disputas políticas tratamos de aclarar cómo queda la situación en Castilla y León a partir de las 00:00 de este domingo 9 de mayo.
Cierre perimetral: Castilla y León estará abierta tanto para entrar como para salir. La Junta se reserva la posibilidad de cerrar perimetralmente municipios, barrios o edificios siempre de manera puntual y solo cuando tengan una incidencia disparada.
Toque de queda: No habrá toque de queda en Castilla y León. A partir de las 00:01 horas del domingo la libertad para moverse por la comunidad será absoluta.
Reuniones en casa: No habrá límite de personas que puedan reunirse en domicilios o espacios privados. Puedes comer o cenar en casa de quién quieras y cuantos querías.
Espacios públicos: Tampoco habrá máximo de personas que pueda reunirse en espacios públicos como una calle o un parque. Se deberán mantener medidas como la mascarilla o la distancia personal.
Cierre de los bares: A partir del domingo todos los establecimientos de hostelería de Castilla y León podrán permanecer abiertos hasta las 12 de la noche. En las zonas donde el nivel de incidencia vaya bajando esta hora se irá ampliando, algo que no sucederá – como pronto – hasta dentro de 15 días.
Interior de la hostelería: Los municipios que se mantengan por encima de 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días deberán seguir teniendo que mantener cerrados los interiores de bares y restaurantes.
Tabaco: Se mantiene la prohibición de fumar cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad de 2 metros. Tampoco se puede fumar, en ningún caso, en las terrazas.
Botellones: La Junta recuerda que está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública y se reforzarán los controles.
Comer y beber por la calle: También está prohibido cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.
Lugares de culto: Se levantan todas las restricciones de aforo en iglesias y otros templos.
Se establecen 4 niveles de alerta. Actualmente las 9 provincias parten en el nivel 4 y este no bajará, como pronto, hasta dentro de 15 días. Ahora mismo los aforos para los niveles 3 y 4 son:
Velatorios: Máximo un tercio del aforo en recintos cerrados. Comitivas de 10 personas en espacios cerrados y de 20 en espacios abiertos.
Bodas: Fuera de los templos aforo de 1/3 del espacio en espacios cerrados y al aire libre. Máximo 50 personas o 75 en nivel de alerta 4.
Locales comerciales: Aforo al 50% en nivel de alerta 3 y de un 33% en nivel de alerta 4.
Centros comerciales: Aforo máximo de un 33% tanto en nivel de alerta 3 como 4.
Mercadillos y ferias: Aforo al 50% al aire libre
Academias y autoescuelas: Un tercio del aforo tanto en nivel de alerta 3 como 4 recomendando las clases online.
Biblioteca: Máximo del 33% de ocupación de las salas y grupos de 6 personas en nivel 4 y del 50% y de 10 personas en nivel 3.
Nivel de alerta 4 (el actual)
INTERIOR: El consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse 1/3 del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 personas, sin perjuicio de que se puedan adoptar medidas excepcionales como la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad.
TERRAZAS: Se limitará el aforo al 75% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez. Se prohíbe el consumo de pie, y se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a 6 personas, sin perjuicio de que en este nivel se puedan adoptar medidas sanitarias preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad.
A mayores, en aquellos municipios grandes con más de 150 de incidencia acumulada a 14 días estará cerrado el interior de la hostería por el momento.
Nivel de alerta 3 (como pronto en 15 días en las provincias con menor incidencia):
INTERIOR: El consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75% del aforo en el caso de salas de hasta 40, en las salas de 41 a 60 comensales el aforo será de 30 personas y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50%, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 personas, sin perjuicio de que se pueda adoptar la medida excepcional de suspensión de la actividad en el interior.
TERRAZA: Se limitará el aforo al 75% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez. No se permitirá el consumo de pie y se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a 6 personas.
Todos los detalles, así como los límites a otras actividades culturales, ocio y tiempo libre, gimnasios, piscinas, caza y pesca…. Se pueden consultar en los archivos adjuntos.
Así lo han manifestado en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, que no prevén “ningún problema” de permisos para la realización de la manifestación de Madrid, que discurrirá desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, donde tendrá lugar el acto final.
Una movilización por las reivindicaciones pendientes
El lema de la convocatoria de este año es “Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora”, que recoge los dos objetivos esenciales de la movilización: el reconocimiento y homenaje a los trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales que, según Pepe Álvarez “han hecho posible que durante la pandemia hayamos podido vivir en mejores condiciones”, y la exigencia de respuesta a reivindicaciones esenciales como son la derogación de las reformas laborales, la derogación de la reforma de pensiones de 2013, la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional para 2021, y la recuperación de los servicios públicos.
“La movilización es el elemento básico para desarrollar las cuestiones que tenemos pendientes; este Primero de Mayo nos tiene que servir para destacar el papel que hemos tenido para que el impacto del covid haya sido menor en la población del país”, como salvar tres millones de puestos de trabajo gracias a los ERTE; el primer desempleo para las empleadas de hogar, la protección a los fijos discontinuos, o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que “no ha sido el banderín de enganche que queríamos para que nadie se quedara atrás, por lo que hay que exigir al Gobierno que se ponga en marcha para todas las personas que lo necesitan a través de una declaración responsable” según Pepe Álvarez.
Las colas de la vergüenza
No obstante, el Secretario General de UGT considera que todo eso ha sido insuficiente porque “tenemos las colas de la vergüenza para nuestro país, las de personas que tienen que recurrir a pedir alimentos, que no son colas de mantenidos. Siento vergüenza de que haya personas tan desvergonzadas que les llamen mantenido a quien lo ha perdido todo con la crisis”.
En cuanto al diálogo social para la reforma del mercado de trabajo, Álvarez ha afirmado que “es evidente que hay discrepancias con el Gobierno y con la patronal, algunas mayúsculas. Pero a nosotros no nos van a condicionar ni los tiempos que marque la UE ni lo que el Gobierno tenga comprometido con la UE, porque es un plan lo suficientemente abierto. Lo que nos condiciona son los objetivos, que son irrenunciables desde el punto de vista de la modernización de las relaciones laborales.
Sin igualdad no hay libertad
El Secretario General de UGT ha recordado que los fondos europeos del Plan de Reconstrucción son una gran oportunidad, que deben estar vinculados a la creación de empleo y que tienen que servir para que España sea un país más reequilibrado territorialmente, pero también la urgencia de acometer una reforma fiscal integral. En este sentido, Álvarez ha señalado que “la inclusión social y la igualdad son fundamentales. Sin igualdad no hay libertad, y eso significa recuperar el gasto público que había antes de la crisis. Porque la igualdad y la libertad vienen de la mano de un sistema impositivo justo. Es importante que haya dirigentes empresariales y poderes económicos de nuestro país ya reconozcan que hay que subir los impuestos. Pero eso tiene que ser una realidad en los próximos años, y este Primero de Mayo tiene que servir para la ciudadanía tengan la seguridad de que sin impuestos no se pueden cubrir las necesidades ni atender los servicios públicos. Hemos visto colectivos con grandes contradicciones; los mismos que piden subvenciones piden rebajas de impuestos. Viendo ayer el debate (de los candidatos a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid) uno piensa que algunos creen que la solución es que las fuentes manen euros”.
A preguntas de los periodistas, Álvarez ha señalado que, en el diálogo social para la renovación de los ERTE, “estamos esperando a que se empiecen a visualizar las negociaciones, lo que no quiere decir que no haya contactos. Es bueno que se puedan trasladar las negociaciones cuando estén maduras.
Para finalizar, ha calificado “toda esta sarta de ERE que aparecen en el sistema financiero” como “una prueba de la insensibilidad, de la falta de responder al interés general que tiene el sistema financiero español. Lo es frente a sus empleados y empleadas, lo es frente a los ciudadanos y ciudadanas que hace poco tiempo nos endeudamos para que el sector financiero pueda estar vivo; y lo es desde el punto de vista de los usuarios que verán mermadas sus posibilidades de ser atendidos. Es muy grave en general, y en particular quiero manifestar nuestro rechazo al ERE de Caixabank”, y ha hecho un llamamiento a las autoridades públicas que son accionistas de la entidad para que impidan “que se cometa un atraco de las características”.
El pasado martes 27, El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea y que contiene el paquete de reformas e inversiones que España pretende impulsar con el objetivo de canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibiremos hasta el 2026. La fecha tope para enviar este plan, que incluye las reformas fiscal, laboral y de pensiones, es el próximo viernes 30 de abril.
No obstante, en el documento que se remite a Bruselas y dentro del epígrafe 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo" , que recoge 9 iniciativas concretas con 9 iniciativas concretas, inclusa alguna ya aprobada como la referida a la prestación
La gran pregunta que nos queda es si obtendremos el aprobado de Bruselas, o por el contrario nos remitirá la calificación de "necesita progresar".
Analicemos las medidas:
1. Separación de fuentes de financiación:
El Gobierno, ya aplica esta medida aprobada con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio 2021; personalmente, consideramos un acierto esta medida ya que nos permite distinguir las prestaciones de carácter contributivo del asistencial o no contributivo.
Esta medida, ya implementada, permite un mayor equilibrio financiero y un mejor conocimiento de aquellos gastos calificados como impropios dentro del sistema de la Seguridad Social. La estimación actual de dichos gastos impropios ascienden a unos 20.000 millones de euros.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones:
Dentro de la mesa del diálogo social, se ha puesto fin a aquella medida rajoniana del 2013 que aprobaba el índice de Revalorización de las pensiones; se consigue derogar y se sustituye por un nuevo mecanismo de revalorización ajustado a lo que se plantea en el Pacto de Toledo.
La propuesta sindical fue asumida por el ministerio de Seguridad social y se acepta la subida con el IPC, pero con la salvaguarda de no incluir rebajas o compensaciones con aquellos ejercicios de inflación negativa. Los sindicatos consideraban "imprescindible" que el Gobierno limitase este afecto "para avanzar en la negociación".
3. Igualar la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación.
Las especualciones sobre esta cuestión, es una de las medidas que más ha quitado el sueño a los trabajadores sesentones y que más consultas hemos recibido. Bajo el titular de la busqueda de edades está la aplicación de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada pretendiendo la alineación entre ambas edades así como la adopción de medidas incentivadoras para alargar la vida laboral.
Este incentivo positivo, ha ganado grandes titulares bajo el denominado "cheque de hasta 12000 por año prorrogado", pero que tiene carácter de gran titular y no tanto alcance económico, ya que según los análisis de expertos, el incentivo de media se queda reducido en 6000 E.
4. Adecuación a las nuevas carreras profesionales y el periodo de cómputo
Otro elemento clave, en el càlculo de las prestaciones de la seguirdad social y en especial de la jubilación es el "periodo de cómputo" para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, es decir, ampliar el número de años a tener en cuenta.
Sobre el documento remitido a Bruselas, el gobierno por la presión sindical ha renunciado, no obstante es fácil que aparezcan coletillas o correcciones desde Europa dirigidas a ampliar dichos períodos de cómputo hasta aproximarlo a los 35 años aunque se efectúe de forma progresiva y paulatina.
5. Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional
Este gobierno, avanza en sus promesas y en este caso deroga el mecanismo propuesto por el gobierno del PP, en el 2013 denominado "factor de sostenibilidad"; dicha medida no llegó a aprobarse por falta de consenso. Recordar que también se planteo un nuevo factor que relacionaba las pensiones con la evolución de la esperanza de vida en cada momento.
6. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos
Una de las lagunas que se arrastraba historicamente era la cotización de los autonomos. Se propone implantar progresivamente un nuevo sistema donde la cotización en el RETA, se ajuste y relacione con los rendimientos de la actividad económica del titular.
Es fundamental, corregir la distorsión entre las bases por las que cotiza el trabajadodr autonomo y los ingresos reales, esta petición también ha sido compartida mayoritariamente por el propio colectivo de l autonómos.
7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño
Recordar que la derogación del complemento de maternidad aprobado por el PP y su sustitución por uno nuevo bajo el nombre de "complemento para la brecha de género", es otra de las medidas que ya han sido aprobadas y puesto en vigor por el gobierno actual dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Esta medida no discrimina a los padres, en el supuesto que su vida laboral se haya visto afectada por el cuidado de hijos.
8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones
La propuesta que ha remitido el Gobierno prevé la aprobación de una nueva regulación de los Planes de pensiones de empleo y posibilita la promoción públía de fondos de pensiones para aquellos trabajadores cuyas empresas no tienen establecidos dichos planes.
Esta medida, contará con la contestación social ya que detrás se puede ocultar una privatización parcial de las pensiones.
9. Adecuación de la base máxima de cotización del sistema
Esta medida, pendiente aún de su debate y negociación en la Mesa del Diállogo Social establecería que de forma progresiva se eliminaria el tope en la base de cotización de forma progresiva y también debería tener un reflejo en el aumento de las pensiones máximas, si bien a nuestro entender no de forma directa y proporcional; donde las cotizaciones experimentarían un incremento superior al aumento de la cuantía de la pensión.
Descarga aquÍ:
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA
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Como cada año, UGT y CCOO recuerdan el 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales y seguirán denunciando las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social.
El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños.
Por este motivo, ambas organizaciones han elaborado un manifiesto en el que se hace balance de un año de pandemia de COVIC-19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública.
Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Para CCOO y UGT esta medida es insuficiente, y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
2021 debe ser también el año que marque el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a las personas afectadas de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. CCOO y UGT seguirán presionando para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, debería ser el año de la derogación de la reforma laboral, porque la precariedad mata. La precariedad laboral y la mercantilización de la prevención hacen que esta lacra siga presente.
La precariedad mata, por un trabajo decente
UGT y CCOO reclaman la plena integración de la salud laboral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. E insisten en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales.
Porque el trabajo debe ser decente, digno y de calidad, libre de riesgo. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 DEL CÓDIGO PENAL QUE CRIMINALIZA EL DERECHO A HUELGA.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal que recoge penas de prisión o multas a quienes actuando en grupo o individualmente coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Así, esta Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril elimina del Código Penal el siguiente párrafo:
"Artículo 315.3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses."
Aconsejamos la lectura del Preámbulo de la propia Ley orgánica 5/2021 que describe los motivos de persecución que desde el 2011 con la crisis económica como pretexto, el Partido Popular inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno
DESCARGATE LA Ley Orgánica 5/2021 que deroga el artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
Recorte de prensa, recomendada:
El fin de la pesadilla en las huelgas
A Lola Villalba el miedo por entrar en la cárcel le llegó conforme se acercaba el juicio. El fiscal pedía para ella y otro compañero de lucha sindical tres años y medio por un altercado en un piquete informativo del que formaba parte en la puerta de un bar en Málaga durante la huelga general de noviembre de 2012. La acusación se hacía a partir del 315.3 del Código Penal, artículo que el Senado derogó la semana pasada y que castigaba a “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. “Me llevé una inmensa alegría y una satisfacción”, celebra Villalba, secretaria general de la federación de Servicios de CC OO en Málaga, que salió absuelta en el juicio.
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| Rubén Ranz, sindicalista UGT, detenido en un piquete |
Aunque este delito se creó en 1976, los tribunales apenas habían recurrido a él antes de la década pasada, cuando llegaron las reformas laborales y los recortes. A partir de entonces, según UGT y CC OO, se aplicó a unas 270 personas, aunque no todas han sido procesadas.
El caso más sonado fue el de Los Ocho de Airbus. Enrique Gil es uno de ellos. Su caso arrancó cuando en la huelga general de 2010 la tensión explotó a la entrada de la factoría de aviones en Getafe. Ese día, un policía incluso disparó al aire. Gil, como sus siete compañeros, fue absuelto: “El proceso fue largo y nos sometieron a pena de banquillo. Todo el proceso lo llevé muy bien y luego, con la sentencia exculpatoria, me llevé un shock emocional. Estuve tres semanas con insomnio”, añade.
El cambio legal aprobado no supone que los delitos de coacciones vayan a quedar impunes, recuerda Ignacio González Vega, magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid. “Era una anomalía que existiera. Parecía que hacía especial alusión a los piquetes informativos”, explica el juez. “Ya hay un delito de coacciones. No entiendo por qué tiene que haber ese delito cuando hay un tipo básico”, añade. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Rosario de Vicente abunda en que los delitos de coacciones no quedan impunes, incluso señala que la pena a aplicar podría ser mayor según la interpretación que hagan los jueces. El magistrado González Vega lo descarta porque, dice, el agravante que se aplica en los delitos de coacción se da cuando se ejerce contra un derecho fundamental y el derecho al trabajo no lo es. “Sí lo es, en cambio, el derecho de huelga”, explica.
La inmensa mayoría de los condenados por este artículo no entró jamás en la cárcel, aunque sí hubo alguna breve estancia entre rejas. En 2014, el estudiante de Medicina y activista del 15-M Carlos Cano ingresó en prisión tras ser condenado a tres años y un día por su participación como piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. A los ocho días, la Audiencia Provincial de Granada ordenó su puesta en libertad.
El caso en el que estuvo implicado Rubén Ranz, de UGT, tuvo otro final. Su proceso fue bautizado en los medios como el de Los dos de Lealtad, porque los hechos ocurrieron a las puertas de un bar en la plaza madrileña del mismo nombre, donde está la Bolsa. Ranz, ahora uno de los sindicalistas de UGT que trata de organizar a los trabajadores de las plataformas digitales, fue condenado. “Al principio me pidieron siete años”, recuerda. No solo le aplicaban el 315.3, también le acusaban de agresión a un policía y un camarero.
Finalmente, todo quedó en una multa de 800 euros. “El día de la derogación del artículo, en el Senado, recordaba el día de la detención”, asegura. Él ha sido uno de los sindicalistas más implicados en la campaña que las centrales desplegaron para abolir el artículo: “Desde que me detuvieron, he estado muy involucrado. Era un objetivo algo utópico, pero al final lo hemos conseguido”.
Para los históricos abogados Manuel de la Rocha, de UGT, y Enrique Lillo, de CC OO, que han defendido a varios acusados, el problema del artículo era que “criminalizaba” a los piquetes y, por extensión, el derecho de huelga por la labor informativa de estos grupos, aunque en ocasiones se llegue a situaciones tensas. “Si un miembro del piquete hace algo, habrá que individualizar el acto, pero no tiene que estar bajo sospecha todo el piquete o quien participe en él”, apunta Lillo. De Vicente añade: “Este precepto se incluye para criminalizar al piquete, cuya labor es convencer”. Ella, como los letrados, recuerda que hasta 2010 se había recurrido muy poco a él: “Entonces los tribunales empiezan a usarlo… y a abusar”.
Aunque sí hay algunos casos anteriores. Uno es el de Serafín Rodríguez, chófer de autobuses de Vigo, que fue procesado en 2008. Este afiliado a la Central Intersindical Galega (CIG) explica que cuando llegó a la concentración un policía se le acercó y le pidió que se identificara. “Me dijo que me vio tirar una piedra. No lo hice. Era su palabra contra la mía”, apunta. Fue condenado a tres años de cárcel junto con otro compañero de UGT, aunque finalmente no los cumplió al recibir un indulto parcial. “Tuvimos el apoyo de los sindicatos, del Ayuntamiento de Vigo, de la Xunta… por todos lados”, explica. La derogación en el Senado del 315.3 fue un motivo de alegría. “Para que no le pase a nadie más”, describe mientras recuerda los 10 años que pasó y que sigue tomando ansiolíticos.
