Cuatro personas acusadas por delitos contra la salud y por lesiones imprudentes en la construcción de un parque eólico
En septiembre de 2011 el Juzgado de Instrucción Número 4 de Palencia dictó un auto por el que transformó inicialmente las diligencias abiertas en un procedimiento abreviado por los supuestos delitos contra la salud, la seguridad de los trabajadores y lesiones contra seis personas después de que en 2008 el sindicato CCOO denunciara ante los tribunales que, supuestamente, se ponía «en peligro grave» la salud de los trabajadores que operaban en la carpa del Parque Eólico de Angostillos, situado entre Baltanás y Hornillos de Cerrato, que tenía a Guascor Servicios SA como empresa contratista y a Gamesa Eólica SA como principal.
La causa judicial se inició en febrero de 2008 cuando el sindicato Comisiones Obreras interpuso una denuncia en los Juzgados en la que, entre otras cosas, recordaba que aproximadamente diez trabajadores que operaban en la carpa (fueron contratados 33), mayoritariamente mujeres, presentaban supuestamente «patologías de tipo cutáneo por todo el cuerpo, trastornos irritativos oculares, sintomatologías gastrointestinales, dolores de cabeza de forma continuada, insuficiencia respiratoria e incluso problemas ginecológicos». Pormenorizaba el sindicato que al menos cuatro trabajadoras llegaron a causar baja por accidente de trabajo por posible reacción alérgica frente a la exposición a sustancias irritantes.
Tres años y medio después de vericuetos judiciales el Ministerio Fiscal ha acusado finalmente a cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurso ideal con cinco delitos de lesiones imprudentes, por lo que les pide para cada uno 20 meses de prisión y multa de 2.700 euros. Además, solicita para los cuatro acusados de manera conjunta, directa y solidaria, así como a las compañías de seguro y de forma subsidiaria a las empresas Gamesa y Cenforpre una indemnización global de 329.664,09 euros para cinco trabajadoras que resultaron perjudicadas y que se han personado en la causa.
El Ministerio Público explica en su escrito de acusación provisional, en el que estima al Juzgado de lo Penal de Palencia como el órgano judicial competente para enjuiciar el caso, que el 17 de septiembre de 2007 comenzaron las obras de mantenimiento y reparación de palas de aerogenerador en la carpa situada en el Parque Eólico de Angostillos, ubicado entre las localidades de Torquemada, Hornillos de Cerrato y Baltanás, integrado por 14 aerogeneradores de una potencia de 20 MW, obras que concluyeron en febrero de 2008.
Dichas obras, las acometió Gamesa Eólica, subcontratando diversas partidas, entre otras con Guascor Servicios, que se encargó de la contratación y selección de trabajadores para dichas labores. Guascor también tenía entre sus cometidos los de formar y supervisar la seguridad en el trabajo. Además, Gamesa contrató con la firma Cenforpre materias relativas a la prevención de riesgos laborales.
El fiscal sostiene que la empresa Gamesa nombró encargados de los trabajos y responsables a los acusados A.C.G. y L.F.P.P., quien sustituyó al primero, y, al parecer, se encargaron de explicar a los trabajadores cómo debían aplicar los productos, «si bien carecían de preparación suficiente y no vigilaron» que los productos a utilizar fueran los mismos que aparecían en el plan de seguridad.
El fiscal acusa también a J.M.D.L., supervisor de zona de Gamesa y, posteriormente, gerente de la carpa, que estaba encargado de recepcionar los productos de llegaban a la carpa, del almacén de los productos, su reposición y equipos de trabajo utilizados.
El cuarto acusado por el Ministerio Público en esta causa es F.D.D., responsable de la formación en materia de seguridad y empleado de Cenforpre, quien supuestamente «se limitó a dar breves charlas acerca del uso de los equipos de protección individual sin formar en materia de uso de materiales químicos de los que pudieran emanar vapores con contenido tóxico».
El fiscal, en su escrito de acusación, relata el trabajo que debían realizar los trabajadores y trabajadoras, consistente básicamente en el tratamiento para la reparación de las palas con la utilización de diferentes productos para el lijado y la pintura de las mismas. Insiste en que teniendo en cuenta sus respectivas condiciones, posiciones y competencias, todos los acusados «estaban legal y normativamente obligados a facilitar y exigir» a los operarios no sólo los equipos y medios de seguridad necesarios, sino el cumplimiento de las cautelas y prevenciones de riesgos laborales, así como llevar a cabo la información de riesgos y la formación específica de atención a los riesgos especialmente los relacionados con exposiciones por contacto o inhalación de sustancias peligrosas que suponía el trabajo de reparación de las palas de los aerogeneradores. Bajo estas premisas, el Ministerio Fiscal entiende que, supuestamente, «se omitieron la adopción de diversas medidas de seguridad y salud», y nose valoró la preceptiva evaluación higiénica de los riesgos, mientras que la formación e información de riesgos «fue claramente insuficiente».
De hecho, se relata que, al parecer, los productos químicos a usar eran distintos de los que Gamesa manifestó que iba a utilizar en el plan de seguridad y proyecto de ejecución.
Según se detalla, supuestamente, no se entregaron a los trabajadores ni el tipo de máscaras, monos, guantes y mascarillas apropiados para el desempeño de sus funciones. De hecho, el fiscal subraya que los guantes de latex «se rompían al contacto con la mezcla de productos, por lo que los trabajadores en ocasiones tenían que traerlos de casa», e incluso a veces debieron aplicar la mezcla con las manos directamente, lo que provocaba que los productos químicos entraran en contacto directo con la piel. Asimismo, los monos que eran desechables se convirtieron en ocasiones «en permanentes».
«No se entregó a los trabajadores las fichas de seguridad química de los productos y etiquetas empleados y, en definitiva, se permitió que se trabajara sin las condiciones higiénicas correctas», reitera el fiscal.
Además, el Ministerio Público reitera que, al parecer, para acelerar el secado de las palas tras la aplicación de las mezclas, se accionaban calentadores de aire que al elevar la temperatura de la carpa «favorecían la emanación de vapores tóxicos».
Para el Ministerio Fiscal, como consecuencia de los «incumplimientos expuestos», supuestamente, se puso «en peligro grave la salud de los trabajadores» que operaban en la carpa, «pues conociendo las empresas implicadas los peligros que estas sustancias provocan en la salud de las personas y conociendo los acusados las primeras bajas de afectados, desde la mitad de octubre de 2007, ni las empresas ni los acusados reaccionaron tomando medida alguna», hasta los requerimientos de la Inspección de Trabajo a fecha de 3 de diciembre de 2007.
