PROPUESTAS SINDICALES “POR UN MODELO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO AVANZADO PARA CASTILLA Y LEÓN"
En Castilla y León han presentado hoy las propuestas sindicales, que ambas organizaciones van a presentar a los partidos políticos democráticos de cara a las elecciones del 13F, en el documento “Por un modelo social y democrático avanzado para Castilla y León”.
Los máximos responsables de los dos sindicatos mayoritarios en Castilla y León, Faustino Temprano, secretario general UGTCyL y Vicente Andrés, secretario general CCOOCyL, han considerado que el adelanto electoral “es una decisión lamentable” ya que ha dejado a nuestra Comunidad sin presupuestos nuevos para 2022, con la gestión de los fondos europeos y en plena sexta ola de la pandemia, “y puede perjudicar gravemente los intereses de nuestra Comunidad”.
Es necesario poner en valor, han indicado, la democracia representativa y participativa, el valor del diálogo político y social, los consensos parlamentarios y los acuerdos de los procesos de diálogo con los agentes sociales para hacer de Castilla y León una Comunidad con una economía fuerte y equilibrada, una tierra con libertades avanzadas, cohesionada y socialmente más justa.
Esto es lo que ha llevado a UGT y CCOO en Castilla y León a elaborar el documento que han presentado hoy, dirigido a los partidos políticos y al futuro Gobierno Autonómico, y que pivota sobre 10 ejes de actuación.
Por una Comunidad Autónoma más democrática, más representativa y más participativa
En primer lugar, se recogen las medidas que consideran necesarias para conseguir una Comunidad Autónoma más democrática, más representativa y participativa. La regeneración del sistema democrático implica, en primer lugar, luchar contra la corrupción, tanto política como económica, y contra las posiciones reaccionarias y retrógradas. En este sentido, las propuestas pasan por una revisión de la normativa electoral autonómica, en función de la nueva realidad poblacional; la reforma del Estatuto de Autonomía, para introducir competencias y elevar a rango estatutario nuevos derechos; modificar la normativa sobre la Iniciativa Legislativa Popular, para facilitar su utilización; modificar el reglamento de las Cortes de Castilla y León, con la intención de facilitar el acceso de la ciudadanía organizada a las Comisiones de Trabajo; así como una mejora del derecho de consulta para ganar en participación ciudadana en las decisiones políticas.
Otro de los puntos que han quedado recogidos en el documento es nuestra exigencia de fortalecer los procesos de diálogo social tripartito, sobre todo tras el duro proceso de menoscabo al que se ha visto sometido en los últimos tiempos, ya que se encuentra regulado en el Estatuto de Autonomía como un factor de cohesión social y progreso económico y con la creación del Consejo del Diálogo Social nos ha convertido, a nivel nacional, en pioneros en la materia. En este sentido, otra de las propuestas es la de completar y mejorar el funcionamiento de los Consejos de Diálogo Social Local, es decir, Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales.
En este bloque sobre propuestas para conseguir una Comunidad más democrática, no podían faltar aspectos como la actualización de los órganos de participación de institucional de todas las administraciones y entidades públicas, así como la creación de otros en campos tan importantes como el Consejo de Industria, el Consejo del Trabajo Autónomo o el Consejo de la Cultura. En cuanto al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, si bien fue un hito, es necesario trabajar y profundizar en sus competencias, así como avanzar en la introducción de la Memoria histórica en el sistema educativo de Castilla y León. Por último, consideramos que la Fundación Castilla y León debería abrir su Patronato a organizaciones, personas de reconocido prestigio y a expertos en disciplinas de interés para la Comunidad.
Consolidación de un nuevo modelo productivo y unas infraestructuras adecuadas. Fondos Next Generation y Plan de Recuperación
En el segundo de los ejes se presentan las propuestas sindicales para consolidar un nuevo modelo productivo y unas infraestructuras adecuadas, junto a los Fondos Next Generation y el Plan de Recuperación. La pandemia ha sido el detonante para una movilización de recursos sin precedentes en la UE con los que se pretende llevar a cabo unos cambios estructurales en el modelo productivo que deben basarse en la digitalización y sostenibilidad, reemplazar el actual modelo energético por otro que repose sobre las energías renovables y la eficiencia energética, además de impulsar formas alternativas de producción y consumo. Y para dar respuesta a estos desafíos lo que Castilla y León necesita es definir su propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin embargo, no está asumiendo el liderazgo necesario para conseguir la dinamización económica ni se ven líneas estratégicas claras más allá de los discursos generales.
Estamos convencidos de que hay que seguir apostando por el papel de la industria en la economía regional, potenciando los nuevos sectores como renovando los sectores tradicionales; sin olvidar que el Hábitat, como sector de sectores (producción forestal, construcción, transformación energética) debe considerarse como estratégico para la Comunidad.
Otras materias que, desde nuestro punto de vista, hay que fomentar e impulsar es el incremento de la inversión en I+D+i, la digitalización, formación y cualificación especializada, las TIC´s, innovación aplicada al desarrollo rural, el apoyo a las zonas desfavorecidas del oeste y sur de la Comunidad, una transición energética y medioambiental justa, en cumplimiento del, recientemente firmado, IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial.
No se puede obviar la necesidad de desarrollar la agricultura, ganadería, bioenergía y bioproductos para dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado. Además, vemos imprescindible la regulación y control de las explotaciones ganaderas, evitando los proyectos invasivos como las macrogranjas, que arrasan las explotaciones locales y los recursos del territorio; lo que necesita Castilla y León es el aprovechamiento de su potencial en la ganadería tradicional intensiva y extensiva.
En cuanto a las comunicaciones, es necesaria la revisión del Plan de Carreteras y de la Red de Enclaves CyLoG, para agilizar la ejecución de las obras que vertebran nuestra Comunidad; impulsar de forma definitiva el Corredor del Atlántico y, por supuesto la puesta en marcha de una Red Regional Express Ferroviaria que una entre sí al menos todas las capitales de provincia de la Comunidad.
Compromiso contra la despoblación y por la activación económica del medio rural
Un compromiso claro y decidido de lucha contra la despoblación en las áreas rurales es el tercer eje de documento que recoge las propuestas sindicales ante las elecciones de próximo 13F. La ordenación del territorio, la lucha contra la despoblación, la cooperación intermunicipal para la prestación de servicios, son, entre otras, materias que requieren de pactos de Comunidad.
Así, es imprescindible el fortalecimiento de la Agenda Digital para Castilla y León porque el problema de la conectividad es un hándicap para el aprovechamiento de la digitalización como herramienta para las empresas. Además, siendo nuestra Comunidad una de las más despobladas de Europa es el momento de abordar una estrategia integral efectiva para mantener y atraer nuevos pobladores.
Evidentemente, una de las medidas a tomar es la de establecer las dotaciones de infraestructuras adecuadas que permitan actividades orientadas al anclaje de nuestros jóvenes en el medio rural junto a una oferta de servicios públicos que les permita su desarrollo vital, a lo que hay que añadir fórmulas específicas de apoyo a la conciliación de la vida familiar y la definición de las ayudas que permitan atraer actividad productiva al entorno rural.
Por último, cabe destacar como medida imprescindible acometer urgentemente la desertización bancaria que amenaza con dejar sin servicios bancarios a comarcas enteras de Castilla y León.
Por una transición energética justa para Castilla y León
La transición energética justa para nuestra Comunidad es otro de los ejes sobre los que se asientan las propuestas sindicales planteadas a los partidos políticos. Las antiguas zonas mineras y de influencia de las centrales térmicas sen encuentran inmersos en un proceso de transición en el que es imprescindible la participación y el compromiso institucional de todas las administraciones para conseguir su reactivación económica.
En este sentido, también debe ser revisado y reformulado de cara al futuro el Plan de Dinamización de Municipios Mineros, así como debe ser puesto en valor el Patrimonio industrial minero de Castilla y León para hacer de nuestra Comunidad un referente turístico en este ámbito y conservar ese patrimonio como testimonio de nuestra historia y como reconocimiento a quienes trabajaron en la minería y lucharon por la dignidad y la calidad del empleo en ese sector.
Presupuestos públicos sólidos, un modelo fiscal progresivo y justo y una financiación adecuada a las necesidades de Castilla y León
Fiscalidad y presupuestos son el quinto eje de actuación y, en este ámbito, consideramos necesario abordar la construcción de un nuevo modelo de financiación autonómica y local al mismo tiempo que se debe aprovechar la capacidad normativa que tiene nuestra Comunidad en materia fiscal para recaudar más, recuperando impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones.
Respecto al apartado de los presupuestos, es evidente que la prórroga presupuestaria no es la mejor manera de afrontar el año ni de revertir los recortes que durante tantos años han sufrido los servicios públicos esenciales. En este sentido se debería establecer un suelo de gasto social, con rango de ley, que garantice la calidad de las prestaciones. Apostamos por unos nuevos presupuestos para Castilla y León, aunque sean aprobados en mayo/junio, que sean inversores, aumenten los ingresos y el máximo del endeudamiento. La lucha contundente contra la economía sumergida es prioritaria para ambas organizaciones sindicales y debe serlo para los partidos políticos junto al fraude fiscal y laboral.
Por último, en el documento también se recoge la postura sindical respecto a los Fondos Europeos, que considera debe ser una posición de Comunidad asegurar su llegada, que debe ser acorde con las características y necesidades reales de Castilla y León, en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Por el empleo de calidad y una relaciones laborales más justas
El siguiente eje es el relativo a la consecución de empleo de calidad y de unas relaciones laborales más justas en Castilla y León. Una vez acordada la reforma laboral, en el ámbito del Diálogo Social estatal, hay que seguir trabajando en la aplicación práctica de las nuevas normativas, en las políticas activas de empleo, en la formación para el empleo, entre otras.
Las políticas activas de empleo han de seguir primando la lucha contra el paro y la precariedad laboral, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, y la creación de empleo de calidad. Al mismo tiempo, el Plan de Empleo Local y los incentivos al empleo indefinido y a jornada completa a las entidades privadas seguirán siendo prioritarios mientras no descienda el desempleo de forma sustancial.
También consideramos que siguen siendo imprescindibles las ayudas a personas en desempleo que hayan agotado las prestaciones y las ayudas económicas a personas trabajadoras y empresas en suspensión o reducción de jornada a través de los ERTE y en despidos colectivos para mayores de 55 años.
Con respecto a la formación para el empleo, la orientación profesional y la acreditación de competencias profesionales, que son indispensables para la inserción laboral y el reciclaje profesional, deben ser revisados, racionalizados y ordenados para evitar solapamientos con la llegada de los Fondos Next Generation. Al mismo tiempo, la Comunidad debe reforzar su papel en el seguimiento y evaluación de la formación en las empresas a través de la Fundación FAFECYL.
Vemos necesario dotar de mayores recursos humanos y técnicos al ECYL, al SERLA y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; aumentar el personal en la Administración Laboral y dotar del presupuesto necesario a la Comisión de Convenios Colectivos de CyL y, por supuesto, la reducción de la jornada del personal al servicio de la Junta de Castilla y León a 35 horas semanales en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes.
En materia de prevención de riesgos laborales se debe potenciar la cátedra de prevención de riesgos laborales de Castilla y León en la USAL, así como el programa “Visitas y asesoramiento a Empresas, trabajadores y delegados de prevención”.
Respecto a la Negociación Colectiva, el cumplimiento del IV AENC ha tenido un cumplimiento desigual y es necesario alcanzar un nuevo Acuerdo, a nivel, estatal, que luego se trasladaría a Castilla y León, con la intención de mejorar su aplicación e introducir elementos como los planes de igualdad, prevención de riesgos o formación, que en nuestra Comunidad tienen especial incidencia y que la patronal se ha negado sistemáticamente a acordar. El aumento de los salarios es una necesidad en Castilla y León y, en este sentido, reclamamos un pacto de rentas apoyado por las Cortes.
Para terminar con este eje de actuación, se hace referencia en el documento a la solución autónoma de los conflictos laborales (ASACL) y a la Fundación SERLA, y a la Fundación Anclaje. Respecto a los primeros, reclamamos la extensión de los conflictos individuales a todas la Comunidad en 2022 y la dotación presupuestaria necesaria para Valladolid, en cumplimiento de lo acordado. En relación con la Fundación Anclaje, ha demostrado su utilidad en los diferentes procesos de deslocalización empresarial experimentados en nuestra Comunidad, y su continuidad nos parece indudable.
Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades
La igualdad de mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades, es el séptimo eje de las propuestas sindicales a los partidos políticos ante las próximas elecciones autonómicas. En este sentido, la igualdad real entre mujeres y hombres junto a la erradicación de la violencia de género debe ser objetivos prioritarios de cualquier actuación de gobierno y más en este momento en el que la ultraderecha está atacando los derechos y libertades conseguidos en estos ámbitos. Los partidos políticos democráticos deben posicionarse clara y radicalmente contra el discurso racista, homófobo, machista y contario a los valores legales actuales.
En cuanto a las políticas de conciliación de la vida laboral, personal, familiar y escolar deben de ser más acordes con la sociedad actual, además de cumplir con las medidas recogidas en la ley para cumplir con sus objetivos.
En el ámbito laboral el mejor instrumento para la erradicación de las desigualdades son las Medidas y Planes de Igualdad en las empresas y, por lo tanto, hay que exigir el cumplimiento de la ley e incrementar el presupuesto para hacerlo efectivo. También deben abordarse con contundencia la salud laboral con perspectiva de género y l a violencias en el ámbito laboral, así como el acoso sexual y por razón de sexo.
También creemos que es inaplazable un compromiso mayor e integral con las personas con capacidades diferentes.
En cuanto a las personas jóvenes, consideramos necesario llevar a cabo una política diferenciada que consiga paliar, reducir y evitar el éxodo obligatorio de nuestros jóvenes a otras tierras; además es necesario también establecer una política que facilite el regreso de las personas jóvenes a Castilla y León. Proponemos mantener y mejorar las líneas específicas de ayudas al empleo joven, facilitar lugares de residencia temporal y el acceso a una vivienda en régimen de alquiler, además de gestionar coherentemente los fondos y los programas de Garantía Juvenil Plus.
Sobre la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, debe ser una prioridad para las administraciones y la aprobación de una Ley autonómica de igualdad de trato, interrumpida por la disolución de las Cortes, es un objetivo indispensable y prioritario.
Por último, pero no menos importante, la integración laboral y social de las personas inmigrantes debe ser una oportunidad de futuro para nuestra Comunidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia una parte irrenunciable, ahora más que nunca, de los partidos políticos y de los gobiernos responsables.
Prestaciones sociales y servicios públicos para reducir la pobreza y avanzar hacia la igualdad
Comenzando por la atención a la Dependencia, cabe destacar el acuerdo firmado el pasado 2 de junio de 2021 sobre Dependencia en Castilla y León que, además de dar continuidad a otros anteriores, avanza sustancialmente en las mejoras del sistema y si se cumple se convertirá en un referente.
Es preciso aprobar una ley Residencial que contemple el incremento tanto de financiación como de la ratio de atención a las personas dependientes para proporcionar una atención adecuada y de calidad; que avance en el equilibrio del sector público y concertado y sea fuente de generación de empleo cualificado.
Respecto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, una realidad desde 2010 gracias a la apuesta sindical, y una vez aprobado el Ingreso Mínimo Vital, creemos que es el momento de construir una nueva renta que mejore las cuantías, que esté ligada a la escolarización y a la inserción social y laboral.
Consideramos necesario examinar la evolución de la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección a inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica para establecer las modificaciones necesarias para mejorar las prestaciones y ampliar derechos. Además, hay que actualizar y ampliar las ayudas de emergencia; fortalecer los Centros de Acción Social (CEAS).
En relación al tema de la vivienda, creemos que es el momento de aprovechar el incremento de la financiación estatal en las políticas de vivienda, además de los fondos europeos; será necesario incrementar sustancialmente el parque público de vivienda existente y erradicar los focos de infravivienda; conservar la calificación permanente de vivienda protegida en la iniciativa pública; convertir en derecho seguro y estructural la línea de ayudas al alquiler; fomentar su calidad y sostenibilidad y mejorar su eficiencia energética y la seguridad; apoyar la rehabilitación y desarrollar la línea de ayudas a compra y alquiler para jóvenes.
Por unos servicios públicos a la altura del siglo XXI. Una sanidad y educación públicas universales y de calidad
La pandemia ha puesto de relieve el valor incalculable de los servicios públicos y de su personal, al mismo tiempo que la falta de recursos humanos en todos ellos como consecuencia de muchos años de recortes presupuestarios y la falta de oferta pública de empleo.
En base a esta realidad consideramos necesario reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante una financiación adecuada y suficiente; lo que implica mejorar los recursos humanos, evitar la privatización de los servicios públicos y abordar la recuperación de la gestión pública del Hospital Universitario de Burgos. Es pertinente alcanzar un Pacto por la Sanidad; acercar la atención especializada a los núcleos rurales e ir reduciendo la lista de espera; mejorar los recursos humanos y técnicos de los servicios de urgencia y emergencias sanitarias; invertir e implantar la cirugía robótica en todas las Áreas de Salud, así como las especialidades de referencia; ampliar la cartera de prestaciones odontológicas y oftalmológicas; reforzar de manera inmediata la atención primaria. Y todo ello sin olvidarnos de que el transporte en ambulancias debe ser público y gestionado directamente desde la Administración Autonómica.
En cuanto a la educación, y dado que la educación pública necesita, sobre todo, recursos suficientes, demandamos que el gasto educativo se blinde en un mínimo necesario del PIB de la Comunidad, que debiera estar por encima del 6% para acercarnos a los países europeos más avanzados. Las carencias detectadas a nivel de herramientas tecnológicas y de digitalización nos lleva a considerar que debemos implementar la red, haciendo hincapié en la escuela rural. Deberían mantenerse las ratios actuales en momentos de normalidad ya que influyen en la calidad de la educación. La educación sexual, la eliminación de la LGTBI+fobia y la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, son otros de los puntos que se citan en el documento presentado.
También se van a plantear a los partidos políticos medidas en cuanto a la Formación Profesional y el sistema universitario. Es necesario un refuerzo del presupuesto de la Formación Profesional Educativa y un impulso de la Red de Centro Integrados de Formación Profesional; debería desarrollarse una Ley de Formación Profesional para Castilla y León, en el marco de la nueva Ley de Ordenación e Integración de la FP. En cuanto a la Formación Profesional Dual, para su desarrollo en la Comunidad hacen falta más medios, habrá que velar por mantener la beca y la cotización obligatorias de estas estancias, en tanto se mejora el estatus del alumnado participante generalizándose el contrato formativo como vía de relación con la empresa. Con relación al sistema universitario es evidente que necesita una financiación adecuada para las cuatro universidades públicas.
Además, abogamos por la mejora de la política autonómica de ayudas de estudio, becas, en todos los niveles, así como la gratuidad de los libros y los programas autonómicos de Erasmus universitario y Erasmus de Formación Profesional.
Por una Unión Europea, un país y una Comunidad Autónoma más democrática y social. La coordinación indispensable de las Administraciones Públicas en Castilla y León
En relación con este eje, que cierra el documento con las propuestas sindicales de UGT y CCOO en Castilla y León, hemos observado que en esta crisis la UE ha apostado por el gasto público, la inversión, por una salida de la crisis más cohesionada y justa. En base a esto, los partidos políticos de nuestra Comunidad deben tener apostar por la Europa de la libertad, democrática y social, defendiendo el modelo europeo del Estado de bienestar.
La desafección provocada por las políticas de austeridad de años anteriores está indicando que hay que llevar a cabo políticas públicas de desarrollo económico sostenible, con cohesión social y aumento de derechos colectivos e individuales y de las libertades públicas.
En este sentido es necesaria la colaboración, coordinación y cooperación leal entre todas las Administraciones del Estado y con la Unión Europea. Es necesaria una posición clara de rechazo y no cesión ante los partidos de extrema derecha; además, Castilla y León es una Comunidad que articula sus políticas de forma democrática, dentro de las competencias constitucionales y con los principios de solidaridad, lealtad institucional y cooperación, tal y como se refleja en el Estatuto de Autonomía.
Creemos que los partidos políticos democráticos están obligados a hacer hincapié, en estas elecciones más que nunca, en los valores y principios democráticos en su vida pública y en todos los ámbitos relativos a la libertad, justicia, cohesión social y territorial que de verdad repercutan en una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de toda la ciudadanía castellano y leonesa.
