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| Madrid. Edificio telefónica |
28 de Abril 2016,
Día Internacional de la Salud
y la Seguridad en el Trabajo
La salud en
el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes
En 2016
celebramos el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. En este periodo hemos asistido al tránsito desde la
seguridad e higiene franquista a la prevención de riesgos emanada de la
Directiva Marco europea. La generalización de la actividad preventiva en las
empresas, las políticas públicas activas y la labor de los recién elegidos
delegados de prevención lograron, no sin pocos esfuerzos, una mejora de las
condiciones de trabajo que se tradujo en un periodo de acusado descenso de la
siniestralidad que se prolongó desde 2000 hasta 2012. La Ley 31/1995 ha
posibilitado pasar de un enfoque reactivo, de reparación del daño una vez que
se produce, a un enfoque preventivo, con el objetivo fundamental de conseguir
un estado de bienestar integral del trabajador.
Sin
embargo, la apuesta por políticas de ajuste de marcado acento neoliberal como
alternativa de salida a la crisis, especialmente representadas por las reformas
laborales, deterioraron de forma grave la negociación colectiva y el ejercicio
efectivo de derechos, elementos imprescindibles para la salud y la seguridad en
el trabajo. Estas dinámicas han determinado una regresión de la prevención en
las empresas durante esta última legislatura y, no por casualidad, la
aprobación de la Reforma Laboral del Partido Popular en 2012 coincidió con el
cambio de tendencia de la siniestralidad. En estos cuatro años de legislatura
han fallecido 2.310 trabajadoras y trabajadores y desde 2012 hasta 2015 se han
acumulado incrementos del 8% en el índice de incidencia para el conjunto de
sectores y del 9% para la siniestralidad mortal. Es inadmisible que en pleno
Sigo XXI, fallezcan más de 600 personas en un año por el hecho de ejercer su
labor profesional.
El
debilitamiento de la negociación colectiva conlleva pérdida de derechos y la
generalización de unas relaciones laborales marcadas por la precariedad. Esta
última característica se encuentra, sin ningún lugar a dudas, detrás del
incremento de los accidentes de trabajo. El mejor ejemplo de ello es lo que ha
sucedido en los últimos años en el sector industrial, hasta hace poco paradigma
de la estabilidad en el empleo. En los dos últimos años, los nuevos contratos
de duración inferior a una semana han pasado del 10% al 28% y la siniestralidad
mortal en 2015 en ese mismo sector ha crecido en un 45%. Una alta rotación de
contratos de tan corta duración impide garantizar los derechos de información y
formación en los riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa. Por
otra parte, cada vez es más frecuente y está más extendida la descentralización
productiva entre las empresas españolas, lo que provoca una externalización de
los riesgos laborales hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y
subcontratas.
Pero
existen más factores que influyen en el repunte de los accidentes y unos de
ellos es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, último año de que disponemos
de índices de incidencia desagregados
por sexo, la siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en
las mujeres el incremento ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de diferencia.
Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades más feminizados han
sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste, lo
que unido a la falta de políticas eficaces de igualdad de género contribuye al
deterioro de la salud de las trabajadoras. Un dato para reforzar esta idea:
desde 2013 el número de partes comunicados de enfermedad profesional con baja
en mujeres es superior en términos absolutos al de los hombres a pesar de
ocupar un volumen menor de población.
Esta
legislatura tampoco ha servido para solucionar el grave problema de ocultación
de Enfermedades Profesionales, sobre todo de aquellas más graves y que
comportan mayor sufrimiento a las personas afectadas y sus familias. El caso
del cáncer laboral es especialmente sangrante: mientras que las estimaciones
más conservadoras sitúan en 9.000 casos el número de nuevos diagnósticos
anuales de cáncer en España atribuibles a exposiciones laborales, las Mutuas
sólo han comunicado 23 en 2015, 19 de ellos por exposición al amianto. De forma
similar, los trastornos producidos por los riesgos psicosociales siguen sin ser
registrados, a pesar de su incremento debido al deterioro de las relaciones
laborales producto de la crisis. En definitiva, las enfermedades ocasionadas
por el trabajo terminan derivándose a los Servicios Públicos de Salud en lugar
de a las Mutuas, infradeclarando su número, aumentando el gasto público y
erosionando la prevención porque lo que no existe no se previene.
Ante este
panorama, en el marco del 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo y ante el inicio de una nueva legislatura, CCOO y UGT
queremos trasladar a la sociedad española y en especial a los partidos
políticos la necesidad de poner en marcha las transformaciones necesarias para
forzar un cambio de rumbo en la prevención de riesgos laborales adecuándola a
realidad laboral actual.
La LPRL
sigue siendo un instrumento útil para la salud laboral, pero es necesario
derogar todas las normas que han impedido que todos los colectivos tengan el
mismo grado de protección de su salud. Las reformas laborales han extendido la
precariedad, han instalado el miedo a perder el empleo, han individualizado las
relaciones laborales, dificultado el ejercicio efectivo de derechos y
profundizado en la desigualdad.
Se debe
revertir la reforma del marco jurídico de las Mutuas, ya que supone un nuevo
recorte en los derechos de los trabajadores y que sólo ha servido para que
éstas invadieran competencias de los servicios públicos, privatizando la gestión
de actividades que deberían ser exclusivas de la Seguridad Social. Hay que
frenar la creciente dualización del sistema público de salud, una sanidad para
población activa a través de las Mutuas y otra para la inactiva cada vez más
deteriorada, que supone de facto uno de los procesos de privatización de la
Sanidad más intensos y desconocidos. Este proceso se ha agravado con la venta
de las Sociedades de Prevención de las Mutuas a grandes grupos privados,
monetizando la salud laboral y desnaturalizando la vigilancia de la salud en el
trabajo, que de ser un derecho de los trabajadores está pasando a convertirse
en un mecanismo de control empresarial y de ajuste de plantillas.
Desde la
publicación de la LPRL hemos aprendido que la mera aprobación de una legislación
adecuada no garantiza la protección sin la existencia de controles estrictos.
Para ello exigimos a las administraciones que intensifiquen las políticas
activas en materia de prevención dotando con los suficientes medios económicos
y humanos a los organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en Trabajo o los institutos autonómicos. La Inspección de Trabajo debe
incrementar sus plantillas de inspectores y subinspectores, reforzar y
actualizar su formación y dotar de personal al recientemente creado cuerpo de
subinspectores especializados en salud y seguridad en el trabajo. Y se hace más
necesario que nunca el pleno desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2015-2020, haciendo especial hincapié en todas las
cuestiones relacionadas con enfermedades de origen laboral.
Y en el
marco de la empresa, es preciso que se recuperen las inversiones en prevención
y, sobre todo, la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones
laborales. La negociación colectiva está estrechamente ligada a la presencia de
sindicatos en los centros de trabajo, lo que constituye la mejor garantía para
el ejercicio de derechos y para la protección de la salud. Es un hecho que en
los centros de trabajo en los que hay presencia sindical hay menor
siniestralidad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud. Sin embargo,
en nuestro país hay un millón de empresas con menos de 6 trabajadores, en las
que trabajan dos millones de personas que no tienen derecho a elegir un delegado
de personal, y una estructura productiva basada en la pequeña y muy pequeña
empresa que dificulta la implantación de los sindicatos en una gran parte del
tejido productivo. Por ello, de nuevo volvemos a reclamar el establecimiento de
la figura del delegado de prevención territorial o sectorial que pueda acceder
al control de las condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas
competencias y garantías que determina la LPRL para los delegados de prevención
y con el objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la salud y a la
seguridad y los niveles de protección a estos trabajadores en los mismos
términos que en el resto de las empresas.
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| Barcelona |
Como cada
28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, UGT y
CCOO vamos a recordar a las trabajadoras y los trabajadores que fallecieron o
perdieron la salud mientras se ganaban la vida y nos comprometemos a luchar
durante el resto del año para acabar con la precariedad, la desigualdad y las
injustas condiciones de trabajo que se encuentran tras los accidentes y las
enfermedades de origen laboral.
