EL GOBIERNO SE COMPROMETE EN BRUSELAS A REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO ANTES DE 2022
El Ejecutivo prevé cambios legislativos que reduzcan los abusos de las Administraciones
La temporalidad es el talón de Aquiles de la economía española: por ahí se pierde competitividad, sobrereacciona el paro en tiempos de crisis y cojean el tejido empresarial y la estructura socioeconómica de un país cada vez más desigual. Pero no es solo un problema de las empresas: Bruselas exige a España reducir también los abusos en el sector público. el ejecutivo se ha comprometido ante la Comisión Europea, en el marco de las reformas asociadas a lso fondos europeos, a acometer una reforma del EStatuto de la Función Pública antes de fin de año, según fuentes gubernamentales, para reducir el númeor de interinos.
La tasa de temporalidad del sector privado roza el 25%, pero las Administraciones Públicas abusan aun más de los contratos temporales. Tres de cada 10 funcionarios son interinos, y los dos grandes pilares del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, presentan cifras muy altas: tasas de temporalidad del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Profesores, médicos y personal sanitario acumulan un contrato tras otro sin que su situación se regularice, en parte porque la Oferta Pública de Empleo sigue siendo el único método para terminar con esa lacra, y continúa sin ofrecer las plazas necesarias para cubrir las vacantes acumuladas en los últimos años. “Esas cifras no son aceptables”, aseguraba hace unas semanas el ministro José Luis Escrivá. Y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, decía recientemente en una entrevista en este diario que “hay que resolverlo en uno, dos, tres años; no más”.
La Comisión Europea ha sido meridianamente clara en su negociación sobre las reformas asociadas a los fondos europeos. España ya sabe exactamente lo que quiere el Ejecutivo comunitario: “España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje al objetivo del 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la Administración Pública, incluidas las contrataciones?”, apunta Bruselas en su respuesta al plan español para gastar los fondos europeos, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Fuentes del Ejecutivo subrayan que España se ha comprometido ya a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público “a corto plazo, en unos seis meses; en todo caso, antes de fin de año”. Las mismas fuentes apuntan que ese no es solo un problema español: la temporalidad del sector pública ronda el 16% en Alemania. España, eso sí, no tiene previsto fijarse plazos para llevar la interinidad al objetivo del 8%: “Hay que hacerlo de forma escalonada”, añaden las fuentes consultadas. Política Territorial abordará esa reforma junto con el Ministerio de Hacienda y de la mano de las comunidades autónomas: la Administración central cumple ya el objetivo fijado en Bruselas del 8% de interinos, pero esa tasa asciende al 37,9% en el caso de las autonomías, con picos estratosféricos. El 56% de los empleados de Sanidad en Canarias son temporales, y más del 45% de los trabajadores del sector educativo en Cantabria son interinos.
Desaparición de las tasas de reposición
En España hay unos cuatro millones de personas con contrato temporal; en las Administraciones Públicas la cifra roza los 600.000, en gran parte como oscura herencia de la Gran Recesión. A partir del rescate a España de 2012 y el duro ajuste posterior —pese a que el entonces ministro Luis de Guindos bautizó el rescate como “un préstamo en condiciones muy ventajosas”— la temporalidad se elevó, con efectos sobre la inestabilidad laboral y la calidad de los servicios públicos, admiten las fuentes consultadas. La pandemia y la congestión del sistema público de salud son solo un recordatorio de ese problema. Entre 2012 y 2015 las tasas de reposición (de los funcionarios jubilados) eran del 0%: “A pesar del mito que contribuyó a difundir el ministro Cristóbal Montoro de que el Gobierno no aumentaba las plantillas en el sector público, lo cierto es que las necesidades se cubrieron con funcionarios interinos. Como consecuencia, el repunte de la tasa de temporalidad se disparó a partir de 2017”, señalan las mismas fuentes.
El Ejecutivo pretende acometer un cambio legislativo para reducir los incentivos perversos de las Administraciones sobre el abuso de la de la interinidad, con un modelo que permita tasas de temporalidad “allí donde las necesidades del servicio las aconsejen”, y que a su vez “convierta en fijos los contratos que son temporales sin justificación”, según las fuentes consultadas. En 2017 y 2018, el Gobierno del PP puso en marcha un plan —que no se ha completado— para reducir hasta 190.000 el número de interinos. Política Territorial y Hacienda buscan acuerdos tanto con los sindicatos como con las autonomías y en el Congreso para modificar el artículo 10 del Estatuto de la Función Pública. “Se trata de una reforma muy limitada que va a afectar a más de medio millón de familias”, apuntan fuentes del Ejecutivo. España ha anunciado esa intención en Bruselas, aunque la respuesta definitiva se enviará por escrito antes de fin de mes, junto con el resto del plan español.
El Gobierno presentó a finales de diciembre ante la Comisión Europea la gran mayoría de los 30 componentes del plan para empezar a gastar cuando antes los 140.000 millones de euros del Next Generation Fund. Y en enero envió los más controvertidos: la reforma laboral y la de pensiones. La acogida en Bruselas ha sido favorable: España está avanzada con respecto al resto de socios, y se ha comprometido a acometer un total de 170 reformas asociadas. Bruselas se quejaba del “flojo” plan italiano, pero eso ha cambiado con la llegada de Mario Draghi. También Francia ha mejorado el suyo, y ha trascendido que países como Alemania apenas incluyen reformas en sus planes y pretenden que el 75% de los fondos recibidos (22.000 millones) se gasten en planes que ya estaban presupuestados antes de que Bruselas alumbrara el Fondo de Recuperación y Resiliencia.
