La secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Amez, exigió ayer al presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, que convoque una mesa de negociación «urgente» para que los empleados públicos recuperen la jornada de 35 horas semanales.
La representante sindical indicó en una rueda de prensa que UGT se lo ha planteado en una carta a Juan Vicente Herrera, tras el decreto de 2011 que amplió dicha jornada a 37,5 horas puedan recuperarla.
La Junta de Castilla y León estudiará «en el momento que proceda» que los funcionarios recuperen la jornada de 35 horas semanales, 2,5 horas menos que las que hacen en la actualidad, a la espera de que ver qué decide el futuro Gobierno central.
La vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón, argumentó que están realizando «un trabajo intenso en la última etapa para recuperar las cuestiones económicas y laborales» que se «tuvieron que minorar» por la crisis.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy con el voto a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP la ley que reducirá a partir del 1 de enero de 2016 la jornada de los empleados públicos de 37,5 a 35 horas semanales y anula la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años.
Tras ser rechazadas las siete enmiendas que el PP mantenía vivas para su debate en el pleno, la ley ha salido adelante con los votos del PSOE y Podemos.
La proposición de ley aprobada, la segunda esta legislatura en el Parlamento autonómico, modifica la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales aprobada en 2012 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2015.
"Se trata de una proposición que abarca dos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de los servicios públicos que presta la Administración", ha aseverado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha acusado al anterior Gobierno del PP de dedicarse en la pasada legislatura al "desprestigio del talento y de los empleados públicos".
Respecto a la reducción de jornada, el consejero ha destacado que permitirá generar sólo en el ámbito sanitario 442 empleos, lo que permitirá que "los mismos servicios se van a prestar con más personal".
Y sobre la anulación de la jubilación forzosa a los 65 años de los empleados públicos, Ruiz Molina ha puesto como ejemplo que a 42 jefes de servicios en el sector sanitario les han "tenido que echar" por no poder prorrogar su permanencia en el servicio activo y "los damnificados" han sido los ciudadanos que "no han podido ser atendidos por los mejores profesionales".
"Han permitido que por inacción se vayan los jóvenes y los mayores. Yo a eso le pondría un nombre, la aniquilación del talento", ha opinado el consejero.
El diputado del PP Lorenzo Robisco ha justificado la abstención de su grupo al afirmar que "es una ley sin garantía porque la están aplicando sin presupuestos en marcha".
"Traigan el presupuesto para que nos podamos creer las medidas que toman", ha pedido al Gobierno regional el diputado, quien ha defendido que los ajustes realizados por el anterior Ejecutivo al colectivo de empleados públicos fue consecuencia de la situación de "ruina desbocada" que se encontraron.
SECTOR PÚBLICO SETENTA MIL EMPLEADOS SE BENEFICIARÁN
El Gobierno vasco ha aprobado un decreto que fija la jornada laboral anual de los 70.000 funcionarios autonómicos para 2016 en 1.592 horas, 22 horas y media de presencia efectiva menos que en 2015. La medida entra en vigor con carácter retroactivo al pasado 1 de enero.Esta decisión se adopta tres años largos después de que el Ejecutivo central anulara el compromiso pactado entre Lakua y los sindicatos de los empleados públicos en 2000 sobre las 35 horas semanales.El decreto sobre la jornada laboral para 2016 incluye además 22 días de vacaciones para el personal público y otras 45 horas (seis días) de permiso por asuntos particulares al año.Según los cálculos del Gabinete de Íñigo Urkullu, la nueva normativa tendrá un impacto económico de 8,7 millones de euros, en su mayor parte destinados al pago de sustituciones en Osakidetza y de las horas gratificadas del personal de la Ertzaintza.
