ACUERDO MARCO PARA UNA ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
Un acuerdo siempre es un avance
Con fecha 19 de octubre de 2022, el gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT Y CCOO, hemos firmado el acuerdo que DEVUELVE DERECHOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ARREBATADOS EN LA CRISIS ANTERIOR.
El pacto, rubricado en un acto público en la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el responsable de Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, y el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Julio Lacuerda, incluye el compromiso de impulsar una Administración del siglo XXI. Un proceso de transformación del sector público recogido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia comprometido con las instituciones europeas.
- El acuerdo para el INCREMENTO RETRIBUTIVO del personal al servicio del sector público:
El acuerdo de subida salarial plurianual supone una revalorización mínima de un 8% en esos años. Este porcentaje fijo del 8% se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.Estas subidas fijas y variables se reparten en los tres años del periodo con distintos porcentajes. En 2022, al 2% de subida aplicado desde el 1 de enero se sumará una subida adicional y retroactiva del 1,5% para este 2022, aprobada ayer en el Consejo de Ministros, publicada en el BOE y que en la nómina de noviembre ya se tiene que incrementar.
- La JORNADA LABORAL DE 35 horas, para que cada administración pública pueda establecerla en el ejercicio de sus competencias de autoorganización.
- La eliminación definitiva de las medidas del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Un RDL bajo el gobierno de Rajoy supuso un hachazo en los derechos de los funcionarios y que provocó una merma en las condiciones de trabajo de empleadas y empleados públicos y de la actividad sindical de sus representantes. El Gobierno impulsará así la reversión o derogación de aspectos que continúan en vigor. Esto supondrá una nueva regulación de la prestación económica por incapacidad temporal, recuperación de días y permisos, la devolución de los derechos sindicales o la suspensión de los convenios colectivos basados en la alteración de las circunstancias económicas.
- DESARROLLO DEL GRUPO B, por fin se ponen las primeras piedras en su desarrollo, que cumplirá con las expectativas de numerosos colectivos que año tras año están a la espera de poder desarrollar su carrera profesional, conforme al nuevo sistema de titulaciones recogido en el TREBEP
Ambas partes se coordinarán para diseñar un conjunto de medidas normativas y organizativas para que el nuevo modelo de clasificación sea plenamente efectivo.El objetivo es que esta clasificación se desarrolle durante el año 2023 y quede implantada en ese mismo ejercicio.
- Obligación de que todas las administraciones públicas se doten de un PLAN DE IGUALDAD.
Entre las novedades que se recoge es la creación de un Registro de Planes Públicos de Igualdad para que exista conocimiento y transparencia de las medidas adoptadas en el sector público. Algo en lo que también se implicará la comisión de seguimiento, donde se plantearán cambios normativos para mejorar esos Planes. También se establecerá como obligatoria la negociación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, tal y como mandata la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO:
- El TELETRABAJO: deberá impulsar la puesta en marcha del teletrabajo. (medida punto noveno)
Las Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2023 buscarán la creación de empleo neto bajo los principios de edad y proyección de la plantilla, la puesta en marcha de nuevos servicios o la ampliación de los existentes y la internalización y revisión de los servicios.
La reducción de la temporalidad en las plazas estructurales del empleo público se perseguirá a través de no superar la tasa del 8%. Por lo que se autorizará a las AAPP a establecer de manera extraordinaria una tasa específica adicional para dar cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El impulso a la carrera, la revisión de los procedimientos de promoción profesional, la actualización y modernización de los procesos de selección y la captación de talento para reforzar el servicio público son algunas de las medidas contempladas.
- Tramitación y negociación del texto del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado
- Creación de una comisión de seguimiento con representación paritaria de la Administración y del conjunto de las organizaciones sindicales implicadas, la cual se constituirá en un máximo de 15 días desde la firma del acuerdo.
