“Hay partido, mucho partido todavía en la tramitación parlamentaria del ‘Icetazo’ como proyecto de ley”, explica un diputado, que no ve como algo definitivo la sintonía de enmiendas de PSOE y PP al Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
También señala que PP y PSOE no suelen ponerse de acuerdo en nada a nivel parlamentario y que habrá que ver si llegan a un acuerdo sobre la temporalidad en nuestro país.
En la actualidad, el PP gestiona la competencia de Función Pública en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que podría justificar su posición en este asunto.
Una de las conclusiones que se observa de las 182 enmiendas que se han presentado es que todas las formaciones políticas, salvo el PSOE, apuestan por el concurso de méritos para resolver este problema.
Es una señal importante que todos los socios del Gobierno hayan presentado enmiendas, incluido el PNV, porque País Vasco es una de las comunidades con mayor numero de interinos. También apuestan por el concurso de méritos,
De hecho, en el caso del PP, en una de sus enmiendas se indica que si el interino tuviera aprobado un proceso selectivo con anterioridad a esta reforma podría pasar directamente al concurso de méritos.
Este será uno de los temas de la negociación que ahora se abre, habrá que ver si se flexibiliza la situación en el proyecto de ley y cómo encajaría los sindicatos estos cambios en el Real Decreto-Ley
Otro diputado explica a Confilegal que “una de las claves se encuentra en las enmiendas 1 y 2 de ERC, que dejan claro cómo se puede resolver el problema. Se activa el concurso de méritos en dos supuestos, en tres años y en cinco. Ahora se va a negociar”.
Todos contra el PSOE
Para Pilar Vallugera, diputada de ERC, «todos los partidos políticos hemos hecho el ejercicio de que no es posible la fijeza, pero el concurso de méritos es legal, apropiado y nos ahorra las indemnizaciones y lo resolvemos rápido”.
“Realmente no sé donde está el problema de aceptar el concurso de méritos”, aclara a Confilegal.
Esta formación política ha presentado 38 enmiendas a la tramitación del proyecto de ley, “es una buena noticia que la mayor parte de las fuerzas políticas estén alineadas alrededor del concurso de méritos. Apoyarse en el 61.6 del EBEP, concurso de méritos para interinos y el 61.7 para laborales, es legal para transformarles en funcionarios”.
En cuanto a las indemnizaciones, esta formación política respalda lo que marca el despido improcedente, “los 20 días por año trabajados son pocos para resarcir al interino en abuso”.
Otra cuestión que ERC cuestiona en sus enmiendas es cómo se demuestra la validez de las pruebas que han pasado los interinos para acceder a su plaza en muchos casos, “hay que ver quiénes han hecho esas pruebas y cuáles se consideran que son válidas para acreditar que el temporal pasó por ese proceso selectivo. Todo se va a discutir en la negociación que vamos a empezar la semana que viene”.
Vallugera espera que el proceso se acelere a partir de ahora, “luego irá al Senado donde tendrá alguna modificación, pero en su vuelta al Congreso procuraremos que también tenga otros cambios. Realmente, la negociación está abierta y no hay nada decidido aún».
La negociación, clave en el Real Decreto-Ley
En este contexto de negociación, al final no se puede descartar que el proyecto de ley acoja una vía que sea por concurso oposición, con ejercicios no eliminatorios, y otra vía por el 61.6 del EBEP que sería menos de los diez años planteados por el Gobierno cuando se convalidó el Real Decerto-Ley en el Congreso.
En cuanto a las indemnizaciones, se abre otra negociación porque el Gobierno no quiere subir la cuantía del ‘Icetazo’ mientras que hay otras formaciones que reclaman lo mínimo el despido improcedente, 33 días por año con tope de 24 meses.
Habrá que ver quien paga las indemnizaciones, ERC habla de que las pague el Estado y el propio PP habla de que se planteen préstamos a largo plazo. Otra incógnita a desvelar en las negociaciones.
La próxima semana las 182 enmiendas aterrizarán en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, en un primer día de sesión constitutiva donde los partidos fijarán sus posiciones generales sobre la tramitación del Real Decreto-Ley.
Cada formación política tendrá que fijar el ponente designado para la tramitación del proyecto de ley. Mientras tanto, los letrados del Congreso analizan la viabilidad de las enmiendas a nivel jurídico, también el Gobierno de cara a un posible veto de algunas de ellas por motivos presupuestarios.
A partir de ahí, se trata de construir la ponencia de este proyecto de ley. Es el momento de las negociaciones entre los distintos grupos antes de la votación de las enmiendas y buscar apoyo.
Con posterioridad, se vota cada enmienda y por último se vota el texto final de la ponencia con las enmiendas aprobadas antes de ir al Senado y tramitarse en la Cámara Alta. Toda una negociación que esperan 900.000 interinos para resolver su situación de precariedad.
Muchas enmiendas para un RDley deficiente
Para la abogada Ana Diaz, ‘of counsel’ en Díaz Delgado, Abogados & Consultores, experta en derecho administrativo y comunitario, “esas enmiendas giran en torno a la necesidad de adaptar la cuantía de las indemnizaciones, y proponer diversos mecanismos de estabilización que pasan del concurso restringido al concurso-oposición posibilitando u obligando a que la fase de oposición o distintas pruebas no sean eliminatorias”.
“Desde el mantenimiento de los 20 días con límite 12 meses que mantiene PSOE y PP, hasta los 45 días con límite 24 meses que comparten más de un grupo parlamentario, en convivencia con otras indemnizaciones”, apunta.
Esta experta señala las “coincidencias en la necesidad de eliminar previsiones superfluas por estar contenidas en otras normas del Ordenamiento jurídico, y especificar régimen de responsabilidad de los gestores responsables”.
“Y, por supuesto, en la financiación del pago de las indemnizaciones que, inevitablemente, llevarán a asumir más deuda pública a través de financiación que, en ningún caso, podrá venir de los fondos europeos para la reconstrucción”, comenta.
A su juicio, “el número de enmiendas presentado por cada grupo, salvo por el PSOE y Compromís, suponen en sí una modificación de casi la totalidad del texto, acorde con la disconformidad del texto que casi conllevó la no convalidación del Real Decreto-Ley, y la soledad del PSOE”.
Esta experta destaca que “existiendo alternativas que no incrementen el gasto público, la deuda y la tasa de paro de larga duración, y puntos coincidentes en ellas, es de esperar que el legislativo actúe pensando en el interés general buscando la opción más eficiente desde la perspectiva del gasto que, además, contribuya a garantizar el efecto útil de la Directiva antiabuso de la forma más idónea que, conforme al TJUE, no es otra que la estabilidad en el empleo”.
Desde su punto de vista, “la partida sigue, y hay cartas de intercambio. Parece que no es el PSOE, sino el resto de grupos, quienes no quieren dejar atrás a las víctimas de abuso”.
Ciudadanos irá también a Europa
Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, espera que se de la vuelta al Real Decreto-Ley, pero también nos advierte que su formación ya explora la vía europea, a través de su eurodiputado Jordi Cañas para que la Unión supervise el texto final del proyecto de ley y si es conforme al derecho comunitario.
Reconoce que su formación política aprovechó hasta el último momento para perfilar el sentido de las enmiendas, en contacto con los colectivos de interinos con los que se han reunido en varias ocasiones.
Bal recuerda que un posible pacto entre PSOE y PP no es descabellado, “son los dos partidos políticos que han mantenido hasta este momento el status quo de los interinos y todas las irregularidades vienen de lo que han permitido. Parece como si ahora no quisieran perder sus cuotas de poder”.
A su juicio, el problema de la temporalidad está sobre todo muy extendido en los ayuntamientos de nuestro país, donde hay porcentajes de temporales e interinos que superan el 40 por ciento del personal total de esas plantillas.
“Si se han presentado tantas enmiendas es que al final el texto del Real Decreto-Ley no era muy bueno y tenía lagunas importantes. A este respecto, el Gobierno está queriendo imponer sus tesis, sin consenso con las fuerzas políticas y sin oír al colectivo afectado con el que ni Iceta ni Montero se han reunido aún. No pueden dictar una norma que afecta a tanta gente sin escucharlos”.
También confirma que será José María Espejo el diputado naranja que defenderá las enmiendas de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda y Función Pública, que se plantean como “una solución integral para el problema presente de la temporalidad y sus profesionales en abuso y de cara al futuro. No podemos poner parches en esta situación”.
Nuestro interlocutor también destaca la enmienda del PP que aboga por impulsar préstamos a largo plazo para las administraciones de cara a asumir las indemnizaciones de interinos, “sobre este tema hay que subrayar la infrafinanciación de muchas comunidades autónomas y administraciones, como son los casos de Valencia y Andalucía. Es otro parche más”.
Unidas Podemos abierta a negociar
Desde Unidas Podemos muestran su esperanza en que el Gobierno modifique su postura tan rígida. Son conscientes de que ahora se abre un escenario de negociación importante.
La formación morada en sus enmiendas planteadas por el diputado Pedro Antonio Honrubia y su equipo ha modificado su propuesta inicial de reconocer el abuso a los tres años con concurso restringido a otro escenario más realista y negociable, es decir, hacer compatible los procesos de concurso-oposición con la activación del 61.6 del EBEP como vía excepcional, a los cinco años en adelante en abuso como concurso de méritos
De esa forma, se incluye el concurso de méritos a partir de los cinco años y entre tres y cinco años iría por concurso oposición.
Sin embargo, consideran que la mayoría irá por concurso de méritos en función de lo que han comentado los colectivos.
Para este partido político es razonable la propuesta de cinco años donde se justifica la situación de abuso del interino. De hecho, hay jurisprudencia del Constitucional donde se habla del interino de larga duración y a nivel de normativa puede haber interinos que lleven cuatro años y no estén en abuso porque su procedimiento está activo.
LAS ORDENANZAS SOLO BAJO LA PREMISA DE LA PROGRESIVIDAD
