El 7 de octubre, día en el que se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se celebrarán en España cerca de 40 movilizaciones y concentraciones conjuntas y distintos actos sindicales en todo el territorio nacional. “Una Jornada que no es puramente conmemorativa”, según ha manifestado el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, sino que “hay razones y causas para la movilización”. Ferrer ha precisado que “trabajo decente es empleo con derechos, es salario digno, es protección social y que se respeten los derechos de libertad sindical y negociación colectiva” y que este año, “ante un proceso de recuperación económica publicitada por el Gobierno y las organizaciones empresariales, estamos viendo que la crisis continúa con un desempleo cada vez más preocupante y que se empieza a enquistar”, pues hay 5.600.000 personas desempleadas, según la EPA, y el 60% de ellas son parados de larga duración.
Además el empleo que se crea es temporal, precario y a tiempo parcial (el 63% de los que trabajan a tiempo parcial es porque no han encontrado un trabajo a tiempo completo). Ferrer ha denunciado además la devaluación de salarios y rentas, de tal forma que en España un 27,3% de la población está en riesgo de pobreza, un porcentaje que se eleva casi al 40% de las personas desempleadas.
Por todo ello, ha dicho Ferrer “tenemos motivos para que el 7 de octubre sea un día de movilización y sobre todo para reforzar la exigencia de que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos, con los interlocutores sociales, el pasado 29 de julio”. En este sentido, ha instado al Gobierno para que antes de que termine el mes refuerce la protección social con una nueva renta, pues hay 500.000 personas desempleadas, que son la referencia de sus hogares, donde no entra ningún tipo del ingreso. Es una cuestión de “justicia social y el Gobierno debe acelerar el proceso de diálogo social en este terreno”- ha dicho Ferrer.
El Secretario de Acción Sindical ha hecho un llamamiento al Gobierno para que modifique el proyecto de Presupuestos Generales para 2015, pues el presupuesto en políticas activas es “claramente insuficiente”, menos de la mitad que en 2010; “no es moral” que se reduzca el gasto en desempleo, cuando 3 millones y medio de desempleados no cuentan con ninguna protección, y porque es necesario que los salarios ganen poder adquisitivo (en los presupuestos se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos).
Por último Ferrer ha demandado al Ejecutivo que retire el artículo 315.3 del Código Penal, tal y como se comprometió el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (pues en España hay más de 200 sindicalistas encausados por ejercer la libertad sindical y participar en huelgas o manifestaciones) y ha pedido que se restablezca la fuerza vinculante que tiene el convenio colectivo, algo que fue vulnerado por la reforma laboral.
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