Oír y escuchar la expresión "DIEGOPORRAS" se ha convertido en un bálsamo aliviador para interinos, en una maldición para administración y empresarios y en conjuro que no llegan a entender los compañeros fijos y funcionarios que escuchan de perfil, no terminando de digerir del todo bien, pero que las consecuencias de aquella sentencia se ha convertido en una auténtica bomba retardada con efectos multiplicadores y que lamento que muchos de los que estamos en el tema no estemos a la altura de dar soluciones justas y propuestas solidarias a un problema al que todos hemos contribuido de forma activa o pasiva, participando en hinchar el balón del problema o mirando para otro lado mientras venían miles de interinos y contratados a sacar el trabajo pendiente, a cubrir vacantes y jubilaciones o a sustituir a liberados.
Hoy, en esta entrada, intentamos poner facciones humanas a "DIEGOPORRAS" y descubrimos primero que se trata de una mujer para nuestra sorpresa llamada Ana y su historia es al de miles de funcionarios interinos de trabajadores indefinidos no fijos por sentencias o interinos laborales con tantos trienios y años que nadie llega a entender.
Detrás de nuestra compañera Ana está la de una administración siempre madrastra y pocas veces madre, acostumbrada a vivir el más imponente fariseísmo e hipocresía que se puede; hoy, te da palmaditas en la espalda, besos y abrazos y mañana nos pone en la "puta calle" con perdón sin más palabras que un adiós; incluso te puedes encontrar que los enfadados son ellos con expresiones como "ya sabías lo que había", los ofendidos son nuestros compañeros "pero que te creías" y ahora con esta sentencia nos dirán que además de ingratos por habernos dejado sacar su trabajo ahora "nos lo llevamos crudo".
YO SOY INTERINO... pero soy culpable por haber estado cobrando menos que ellos (hasta hace poco no percibía ni los trienios), soy culpable que no hayan convocado la plaza/puesto que ocupó, o incluso NUNCA. No saben, que durante todos estos años, han estado mirándome de reojo y de forma periódica me llegaban sutiles comentarios de que ya me quedaba poco.
La historia de Ana, no es el caso de Diego Porras, es la historia humana y la auténtica realidad de miles de trabajadores de esta administración que no ostentamos el privilegio de que en nuestros contratos o nombramientos figure la palabra de "FIJO" o "FUNCIONARIO DE CARRERA"; su victoria es importante y con amplias consecuencias; pero como ocurre a veces, hay victorias amargas y conquistas agridulces.
Estamos en un escenario nuevo, la Administración y los Sindicatos más representativos han firmado un Acuerdo para dar solución a la cuestión palpitante, como decían en el siglo pasado, de la alta temporalidad, pero quiero recordar a todos los implicados, y en especial a los que se sientan en las Mesas de Negociación que hay que hacerlo con precaución, cuidado con los tiempos y procurar que no haya daños colaterales, y en este tema por encima de todo debemos seguir garantizando el buen funcionamiento de los servicios y de la administración, y para eso debemos conservar lo que tenemos, defender a los que han sacado esta administración adelante.
Noticia extraída del periódico EL MUNDO de 25/09/2016
CRÓNICA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de fallar a su favor
NUEVE AÑOS INTERINA, CONDECORADA CON LA CRUZ AL MÉRITO AERONÁUTICO ... Y DESPEDIDA SIN INDEMNIZACIÓN
La historia empieza en el Ministerio de Defensa. A él entra Ana María en febrero de 2003, cuando el popular Federico Trillo apura su último año como ministro. No es su primer empleo: licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1994, trabajó como reclutadora de personal, preparó campañas de comunicación para una consultora dedicada a la investigación de mercados y no llevaba dos años en el Ministerio del Interior, en el área de regularización de ciudadanos extranjeros, cuando dio el salto a Defensa.Unos, los trabajadores precarios, se frotan las manos. Otros, los empresarios y la Administración pública, tiemblan. Pero la gran mayoría no sabe gracias a -o por culpa de- quién. Su nombre es Ana María de Diego Porras, nació hace 52 años en Almería, trabajaba de secretaria y es la mujer que ha motivado una sentencia a la que llaman histórica: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los empleados interinos como ella tienen derecho a cobrar una indemnización cuando los despiden. Que lo contrario es discriminatorio. "¡Madre mía, la que hemos liado!", le dijo ella a su abogado cuando se enteró de la noticia. Y sí que la ha liado: su cruzada ha provocado un terremoto de consecuencias aún incalculables.
Su puesto: secretaria de dirección. Llevaba la correspondencia, la agenda y los viajes de uno de los altos cargos del ministerio. Por sus manos pasaban documentos clasificados que sabía encriptar y desencriptar. Gestionaba los datos del sistema informático relacionado con el Plan Director de Armamento y Material. También el Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental de un ministerio tan sensible.
Entre ordenadores, papeles y reuniones, Ana María fue encadenando diferentes contratos de interina, que es la figura utilizada en el sector público pero también en el privado para sustituir a un funcionario de carrera o trabajador fijo que esté de baja, de permiso de paternidad o maternidad, en excedencia... Acumuló tres contratos en su primer año y otros dos en 2004. El último lo firmó el 17 de agosto de 2005: a partir de ese día sustituiría a una funcionaria que no trabajaba por ser liberada sindical y que llevaba tanto tiempo fuera de su plaza que casi nadie la recordaba.
Así pasaron los años mientras en Defensa se sucedían los ministros:José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón... El 24 de junio de 2010, la secretaria recibió incluso una condecoración por sus años de fiel trabajo al ministerio. Sus superiores la distinguieron con la Cruz del Mérito Aeronáutico. Con ella se premia a los militares o guardias civiles que destacan por una misión o servicio importante, pero también a civiles que, como ella, demuestren unas "actividades meritorias relacionadas con la Defensa Nacional" y en concreto, con el Ejército del Aire, según la legislación. A Ana María le otorgaron la cruz con distintivo blanco: en el centro, el emblema del Ejército del Aire con los escudos de Castilla, León, Aragón y Navarra; en su reverso, la inscripción MA (Mérito Aeronáutico) en oro sobre esmalte rojo.
Ocurre en 2012, con el quinto ministro que la secretaria ve sentarse en el despacho principal del número 109 del Paseo de la Castellana, el popular Pedro Morenés, hoy en funciones. El Gobierno de Rajoy anuncia su tijeretazo al sector público y entre las medidas urgentes para contener el déficit incluye la reducción de unos 4.000 liberados sindicales. Entre esos empleados que deberán volver al trabajo figura la mujer cuya plaza ocupa Ana María. A la vuelta del verano se lo anuncian: la funcionaria regresa el día 1 de octubre; ella tendrá que marcharse la víspera.Sólo dos años después, el mismo ministerio que la ha premiado por sus "méritos o servicios distinguidos" en Defensa la despedirá sin un solo euro de indemnización.
Está despedida. Condecorada y despedida.
Ahí arrancó una batalla judicial con final feliz. La mujer acudió al despacho de Asesores Jurídicos Asociados, a unos pasos de su antiguo trabajo, y demandó al Ministerio de Defensa argumentando que su contrato y su despido no eran legales. El Juzgado de lo Social número 1 de Madrid desestimó su caso, pero Ana María recurrió. El Tribunal Superior de Justicia tampoco le dio la razón: tanto el contrato como su finalización concordaban con la legislación española. Sin embargo, la Sala atendió la petición de sus letrados y decidió suspender el procedimiento para consultar el caso a la UE. La pregunta, aparentemente sencilla: si la directiva comunitaria dice que no puede haber un trato desigual entre trabajadores fijos y temporales, ¿está bien que un interino que ha estado nueve años realizando labores propias de un funcionario no cobre indemnización cuando lo despiden?
La respuesta de Luxemburgo ha llegado este mes: en su caso concreto, la discriminación es clara. Pero la sentencia va más allá: España, viene a decir el tribunal, discrimina a los trabajadores temporales. La secretaria Ana María, madre de dos hijos y hoy asesora de ayudas medioambientales en una consultoría, ha sacudido al país entero.
Porque como ella fue, hay 486.800 trabajadores interinos en España, algo más de la mitad (276.800) en el sector público y el resto (210.000) en empresas privadas, según los datos que el Instituto Nacional de Estadística extrae de la Encuesta de Población Activa (EPA). Son profesores, enfermeros, trabajadores de los juzgados... O, mejor dicho, profesoras y enfermeras, porque ellas son mayoría entre los interinos de España. Del casi medio millón de personas que ocupan un puesto como sustituto, sólo hay 142.000 hombres, mientras que 344.600 son mujeres. Como la protagonista de esta historia.
Y los teléfonos arden
Los sindicatos ya anuncian un aluvión de demandas, los teléfonos arden en los bufetes y hay quien calcula que el coste de las indemnizaciones que les corresponderían (20 días por año trabajado) rondaría los 350 millones de euros. Y el caso de Ana María, con casi una década de ordenadores, papeles y reuniones en el Ministerio de Defensa, no es excepcional. Uno de cada tres sustitutos en España lleva seis años o más en su empleo y casi la mitad, un mínimo de tres.
Este fallo, según la mayoría de los especialistas que se han pronunciado,obligará a cambiar el Estatuto de los Trabajadores, que en lo que respecta a los interinos no ha variado en 36 años. Pero las dudas son importantes: ¿sólo podrán demandar quienes sean despedidos ahora, o también quienes lo hayan sido en el pasado?; ¿habrá que esperar hasta que el Parlamento legisle?; y más aún: ¿afectará el fallo no sólo a los sustitutos, sino a todo el colectivo de trabajadores temporales, que sí tienen derecho a una indemnización por despido procedente pero que es ocho días inferior a la de los empleados fijos?
Si fuera así, si los beneficiados por el ángel de Almería fueran todos los temporales de España (salvo los de prácticas o en prueba), ya no sólo podría reclamar medio millón de personas. Hablaríamos de 3,7 millones. Y de ellos, más de tres millones cobran su sueldo de una empresa privada. Hay expertos que opinan incluso que el fallo pone en jaque las reglas de la contratación temporal en toda Europa...
El debate está abierto. La patronal CEOE desprecia el fallo -dice que es "equivocado"-, al tiempo que el Ministerio de Empleo estudia el alcance de un golpe que puede empujar a España hacia la revolución del contrato único que Ciudadanos no ha podido poner en marcha.
Por eso el "madre mía, la que hemos liado" que Ana María respondió al abogado José Antonio Rello cuando éste la telefoneó entusiasmado. "Está abrumada", cuenta él en el despacho al que hace cuatro años llegó la ex secretaria para denunciar su adiós sin finiquito. Prefiere descansar y no conceder entrevistas a la prensa, mientras espera la sentencia que debe dictar ahora el tribunal madrileño (le espera una indemnización que se moverá entre los 8.400 y los 18.600 euros en caso de que su despido sea declarado procedente o improcedente).
Aunque no ha podido evitar que Fernando Ónega, la gran pluma del presidente Suárez, la haya bautizado en la radio con un sobrenombre: la "santa patrona de los interinos".
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