JUBILACIÓN POLICÍA LOCAL:
DE MONTORO AL CONSEJO DE ESTADO
Emitido y conocido el Dictamen del Consejo de Estado, que os adjuntamos al final, recogemos en esta entrada en el blog un artículo publicado por EL INDEPENDIENTE,
Montoro frenó la
jubilación anticipada de los policías locales para no asumir su alto coste
El Consejo de Estado revela en el dictamen que avala la
medida que Hacienda emitió un informe desfavorable hace menos de un año
Publicado el 29 de
Noviembre de 2018 - 19: 46
En los gobiernos
la última palabra la suele tener el Ministerio de Hacienda, que es el que
gestiona los recursos con los que el resto de los departamentos desarrollan sus
políticas. Y eso mismo ocurrió con la jubilación anticipada de los policías
locales, que se hará realidad a partir del próximo 2 de enero.
La titular del
ramo, María Jesús Montero, dio visto bueno hace apenas dos meses, pero hace
menos de un año, su entonces homólogo Cristóbal Montoro, frenó el real decreto
que habilitaba esta posibilidad.
Era un secreto a voces, pero el informe del Consejo de Estado que da luz verde definitiva
a la jubilación anticipada de la Policía local ofrece detalles claros de cuáles
fueron las circunstancias en las que se produjo la demora de este norma ante la
impotente mirada de aquellos sindicatos y plataformas de policías que lo
demandaban y lo esperaban desde mayo de 2015.
El texto emitido por el órgano consultivo, al que ha
tenido acceso El Independiente, ofrece un relato de lo acontecido
desde ese mismo mes de mayo, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad
Social, entonces ocupada por Tomás Burgos, iniciaba el proceso.
Recuerda el informe que las prospecciones
iniciales de la Inspección de Trabajo determinaron, a efectos de saber si la
Policía local era un cuerpo especialmente expuesto a la siniestralidad por
cuestiones laborales a partir de los 55 años, que esta no era elevada desde
esas edades. Pero concluía que, aunque la totalidad de las comunidades
autónomas tienen regulada una segunda actividad, “no todos los ayuntamientos la
han desarrollado, lo que puede generar un problema de discriminación para
aquellos policías que realizan un trabajo en ayuntamientos que por su tamaño o
capacidad financiera no pueden facilitar a los agentes esa segunda actividad”.
De esa forma, desde la Seguridad Social se
reconocía que había motivos para poder abrir la puerta de la jubilación
anticipada al colectivo.
Tras largos procedimientos, en diciembre de 2016, el
secretario de Estado de Seguridad Social anunciaba a los sindicatos que
comenzaría a elaborar en las siguientes semanas el real decreto que regularía
la jubilación anticipada de los policías municipales con la previsión de que el
texto estuviera listo en unos seis meses, es decir, a partir de julio
de 2017.
Según fuentes próximas al equipo ministerial
del anterior Gobierno, no todo eran opiniones favorables a la medida dentro del
departamento. Sin embargo, se trataba de un compromiso personal de la entonces
ministra de Empleo, Fátima Báñez, con lo que, de alguna forma, la política se
antepuso a otros criterios.
Balones de oxígeno
De hecho, ya en el primer semestre de 2017,
cuando después de numerosos análisis e informes, la cuestión se abrió a
consulta pública de ayuntamientos y organismos públicos, muchas de estas
instancias mostraron su preocupación por su posible impacto económico (puesto
que ya entonces se había planteado una sobrecotización a pagar entre
ayuntamiento y trabajador para garantizar el equilibrio del sistema) y la
necesidad de aplicar la medida de manera gradual para no dejar en cuadro a muchas
plantillas o de flexibilizar la oferta pública para cubrir vacantes a medida
que se fueran produciendo.
En medio de estas tensiones, llegó julio de 2017 y el
real decreto correspondiente no vio la luz, pese a que ya entonces estaba
redactado en el mismo texto con el que previsiblemente se aprobará en cuestión
de semanas. No solo eso, la cuestión se siguió demorando ante la
impotencia de los sindicatos y las plataformas de policías.
En ese vacío, el Gobierno daba un nuevo balón de
oxígeno en febrero de 2018. El propio Burgos aseguraba en una reunión informal
con estas organizaciones que el texto estaba pendiente de un informe del
Ministerio de Hacienda en el que daría vía libre al real decreto en un plazo de 15 o 20 días,
para su posterior remisión al Consejo de Ministros.
El no de Montoro
Sin embargo, ese Consejo de Estado no ha
emitido dictamen hasta ahora y en el texto revela que antes, el 16 de enero de
2018, ya había un informe de Hacienda, y que la valoración era desfavorable.
Precisa que el departamento dirigido por Montoro desaconsejaba permitir la
jubilación anticipada a los policías locales por el “elevado coste
presupuestario y para los ayuntamientos” y por “efecto demostración” respecto a
otros colectivos, por lo que sugería la “reubicación de los funcionarios
afectados en puestos administrativos”.
Es cierto que unos meses después la Seguridad
Social se encontraba valorando la posibilidad de conceder también la jubilación
anticipada a casi una veintena de colectivos más. Pero además, Hacienda veía
deficiencias en la memoria económica del real decreto.
Señalaba que no recogía el efecto de la
cotización recargada para determinar el impacto económico para cada uno de los
años del periodo considerado, por lo que debería completarse en ese sentido.
También entendía que debía aclararse si la cotización adicional del 10,6%
variaría a lo largo de los ejercicios o si era un tipo medio.
De facto, lo que hacía Hacienda era frenar el
proceso. Sin embargo, ¿por qué acabó desatascándose? Todo se sustancia en torno
a los Presupuestos de 2018 y la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al
Gobierno en junio de este año.
En primer lugar, el 22 de mayo, ocho días antes de esa
moción, los policías locales estaban en la calle manifestándose contra el
Gobierno de Mariano Rajoy. Se había organizado una campaña para incluso tratar
de reventar intervenciones públicas de miembros del Gobierno para presionar. Y
en esa tesitura, el Grupo Parlamentario Popular decidió introducir una enmienda de última
hora en los Presupuestos de 2018, pendientes aún de aprobación en el
Congreso de los Diputados, para permitir la jubilación anticipada antes de
los 60 años para los policías locales.
Así lo ha avanzaban los sindicatos CSI-F y UGT, en la
víspera de la
macromanifestación que estaba prevista para el día siguiente en Madrid
precisamente para reclamar al Gobierno la aprobación del esperado decreto de
jubilación anticipada.
Una semana después triunfaba la moción de
censura y ya con el nuevo Gobierno se dan movimientos clave. Tanto la ministra
de Trabajo, Magdalena Valerio, como el secretario de Estado de Seguridad
Social, Octavio Granado, heredaron esa tensión y se pusieron manos a la obra en
los primeros compases del mandato, pese a que voces dentro del PSOE siguen
pensando que se trata de una medida de alto coste.
Como revela también el dictamen del Consejo
de Estado, el 27 de septiembre, Granado remitió una carta a la secretaría de
Estado de Presupuestos para aportar la información económica adicional que
echaba en falta el informe de enero de Hacienda bajo la batuta de
Montoro. Señalaba, por ejemplo, que la cotización adicional correspondía
a un tipo fijo para todo el periodo de años proyectados.
Unos días después, el 28 de septiembre, el
Ministerio de Hacienda, ya bajo el mando de María Jesús Montero, informaba
nuevamente del proyecto. El Consejo de Estado relata que, “en esta ocasión, si
bien se reiteraron las observaciones efectuadas en el informe de enero de
2018”, lo cierto es que “no constaba una valoración desfavorable”.
Con estos mimbres, el informe del Consejo de
Estado considera “suficiente” la memoria económica del real decreto (incorpora
datos de impacto a 30 años) y constata que “la aprobación de la jubilación
anticipada del cuerpo “no pone en peligro el equilibrio financiero del sistema
puesto que se ha establecido una cotización adicional”.
En todo caso, introduce un eco del informe de
Hacienda con el que Montoro trató de frenar la iniciativa. Recuerda que “a lo
largo del procedimiento, algunos particulares y órganos informantes han
cuestionado la oportunidad de la medida”, que, añade, debería considerarse
“excepcional, máxime en una coyuntura en la que ante el aumento de la esperanza
demográfica, la crisis demográfica española y la consiguiente amenaza de la
sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se ha optado por el aumento
de la edad de jubilación”.
Es decir, el Consejo de Estado da luz verde,
pero con cautelas.
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