El Tribunal Supremo fija doctrina sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar actividades privadas
La Sala Tercera establece que para denegar su concesión deben percibir un complemento que remunere expresamente la incompatibilidad -( descargate la sentencia aquí)
La Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-administratvo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la
que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados
públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para
denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el
concepto de incompatibilidad. La sentencia da la razón al técnico de una
agencia pública de Andalucía a quien la Junta le negó la compatibilidad y a
quien el Supremo se la reconoce por dos motivos: que su complemento de “puesto
de trabajo” no retribuía expresamente la incompatibilidad y ser incuestionable
que el mismo no superaba el umbral del 30% de las retribuciones básicas.
El Supremo analiza la regulación de las
incompatibilidades y los complementos específicos, así como la doctrina del
Tribunal Constitucional en la materia. El tribunal concluye que, a la vista de
lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, “la percepción por parte de los empleados
públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan
expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad
impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas
retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio
de actividades privadas”.
Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a
la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no
supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido
en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General
del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.
Para los magistrados, “la asignación de un complemento
específico por un motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para poder ser calificado como
factor de incompatibilidad”.
En el caso concreto examinado, correspondiente a un
técnico de la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía),
el Supremo aplica esta doctrina y dice que “no existen elementos para concluir
que el complemento ‘puesto de trabajo’ percibido por el recurrente (en jornada
de verano de 8 a 15 horas y en invierno la misma más una tarde, a elegir entre
lunes o martes de 16,30 a 19 horas) lo sea por ‘incompatibilidad’”, en contra
de lo que sostenía la Junta andaluza, para quien dicho complemento sí
retribuía, entre otros factores, el de incompatibilidad.
“No consta así ni en las nóminas que ha acompañado, ni
lo indica el certificado de la Agencia emitido el 7 de julio 2014 a petición
del interesado, en que figura la percepción de tal complemento, 6.358, 21 euros
anuales más otro de dedicación de 5.237,68 euros que según el punto 3 del art.
36 del convenio es el destinado a retribuir la especial dedicación de los
trabajadores que ocupen puestos de trabajo que tengan asignados complementos de
puesto de trabajo y de permanencia”, añaden los magistrados.
Por ello, al no constar que la retribución lo fuere
expresamente por incompatibilidad y ser incuestionable que la retribución por
puesto de trabajo no supera el umbral del 30% de las retribuciones básicas,
condena a la Junta a que autorice la compatibilidad solicitada por el
recurrente para ejercer actividades propias de Ingeniera Agraria y Forestal
fuera de la jornada laboral y en el tiempo libre del solicitante.
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