A este acuerdo se llegó por la profunda crisis económica provocada por el 'shock' del covid-19. La exigencia de una respuesta europea, tanto por parte de los países sureños como del Banco Central Europeo (BCE), y la reacción de los mercados a la falta de medidas a nivel comunitario hicieron que Francia y Alemania impulsaran el plan, que finalmente quedó aprobado en la cumbre europea de esta semana.
¿Ahora qué pasa?
Bueno, el acuerdo de los líderes, que incluye los presupuestos plurianuales del periodo 2021-2027, va a tener que pasar por el Parlamento Europeo. Ese será el primer paso que va a tener que darse, y lo más seguro es que no vaya a ser demasiado fácil. La Eurocámara probablemente se concentrará en recuperar algunos puntos que han sido recortados por los líderes europeos en el Consejo y también insistirá en defender la condicionalidad relacionada con el Estado de derecho que Hungría y Polonia han logrado borrar del pacto final. Apretarán las tuercas, pero no ahogarán el plan.
Una vez el asunto quede totalmente aprobado, el fondo comenzará formalmente a funcionar a partir del 1 de enero de 2021 junto con el nuevo marco financiero plurianual (MFP) y se pondrá en marcha también un nuevo ingreso propio con el impuesto sobre plásticos. Estará activo hasta finales de 2026. La idea es que esta medida es excepcional y Alemania asegura que no se repetirá, pero marca una nueva estructura para la gestión de crisis a nivel europeo.
¿De dónde salen los 750.000 millones?
La novedad está aquí. El dinero llega a través de una masiva emisión de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea. Nunca se ha hecho a estos niveles y marca un hito en la historia de la integración europea, porque los Veintisiete dan el paso de endeudarse de forma conjunta y a un alto nivel.
Luego, estos fondos se destinarán a los distintos Estados miembros de dos formas: como créditos, que en total serán 360.000 millones, y como transferencias o subvención, que en total sumarán 390.000 millones de euros. El MRR, el núcleo central del fondo, se dividirá en 360.000 millones en créditos y 312.500 millones en transferencias.
¿Y quién paga por eso?
Todos. En contra de la idea extendida, lo que va a llegar a España, Italia y el resto de países europeos no es dinero de holandeses o alemanes. Es dinero europeo obtenido con la emisión conjunta de deuda. ¿Y quién la va a pagar? Todo el mundo: sí, Países Bajos y Alemania, pero también España o Italia.
Los pagos de deuda se realizarán desde finales del próximo marco financiero plurianual, es decir, 2027, hasta el 31 de diciembre de 2058. Lo que no se utilice de lo captado en los mercados se utilizará para el repago de deuda adelantada a finales del próximo marco financiero plurianual, que termina en 2027.
Existe, además, un debate de fondo sobre la oportunidad que se abre ahora para avanzar en los ingresos propios de la UE a través de nuevos impuestos europeos. En enero de 2021, comenzará a funcionar uno de ellos, pero la Comisión Europea tiene muchas más ideas: quiere un gravamen en frontera relacionado con la contaminación, y el Ejecutivo comunitario maneja la idea de un impuesto especial para las empresas que más se benefician del mercado interior. El mensaje de Bruselas es claro: si aumentamos los ingresos propios que nos llegan directamente, podríamos repagar la deuda con eso también y reducir así el peso sobre los hombros de los Estados miembros.
¿Es un rescate?
No, nada parecido a un rescate. La idea de que haya condiciones, que trataremos más adelante, no significa que sea un rescate. El Banco Central Europeo (BCE) lleva años pidiendo política fiscal a nivel nacional y europeo. Y esta es una respuesta fiscal que busca reactivar la economía de los países más golpeados por el coronavirus, aunque también se beneficiarán todos los países de la Unión Europea.
En este sentido, la lógica ha cambiado: todos los países europeos están sufriendo el 'shock' del covid-19, aunque especialmente España e Italia. No es un rescate, sino una acción europea coordinada que busca inyectar inversión y capital en la economía de los países más afectados para reactivarla. No tiene nada que ver con lo ocurrido en la anterior crisis.
¿Cómo va a ser el proceso para pedir ayuda?
Los Estados miembros tienen que enviar a Bruselas un Plan Nacional de Reformas con las inversiones y reformas que quieren realizar para las que solicitan financiación desde el fondo de recuperación. Es aquí cuando entra la condicionalidad: los planes deben seguir las recomendaciones específicas por país (CSR, por sus siglas en inglés) que emite la Comisión Europea en el marco del semestre europeo.
En el caso español, por ejemplo, los CSR exigen reformas en la educación para evitar el abandono escolar, fomento de la Formación Profesional, más prestaciones sociales a las familias vulnerables, incluyen advertencias sobre la viabilidad del sistema de pensiones o llaman la atención sobre posibles cambios en la reforma laboral. Cuando, por ejemplo, España ha vinculado las pensiones al IPC, Bruselas se ha mostrado crítica y ha pedido que se tomen medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Pero hay algo más aparte de seguir los CSR, y es donde España puede tener algunos dolores de cabeza con otros Estados miembros. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro, necesitarán la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, señala el acuerdo de esta semana.
La Comisión hará un análisis siguiendo esos criterios en las dos semanas posteriores a recibir los planes nacionales, y en las cuatro semanas siguientes a la aprobación del análisis del Ejecutivo comunitario, el Consejo debe aprobarlo por mayoría cualificada, es decir, el voto positivo de 15 Estados miembros que sumen el 65% de la población de la UE.
¿Hasta cuándo se pueden enviar estos planes?
Los PNR se enviarán a Bruselas con los planes presupuestarios en octubre o en abril. En ellos tiene, que estar detallado en qué medida las propuestas recogidas ayudan a cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión Europea. Los planes son aprobados por el Consejo con mayoría cualificada. Los Estados miembros tienen hasta 2023 para enviarlos, y hasta finales de 2026 se desembolsarán los fondos.
El dinero no llega de manera automática. El Estado miembro tiene que demostrar que está cumpliendo con una serie de objetivos, siguiendo los CSR, y entonces la Comisión Europea, previa consulta con el Comité Económico y Financiero (una formación del Consejo que cuenta con la presencia de funcionarios de las instituciones nacionales y de los bancos centrales), dará luz verde a los desembolsos si se han alcanzado las metas establecidas.
¿Y hay derecho de veto?
No, pero sí derecho a generar dolores de cabeza. El 'freno de emergencia' es una idea incluida por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para contentar a los frugales y en especial a Países Bajos en su petición de un voto por unanimidad para la aprobación de los planes, que finalmente recibirán la luz verde por mayoría cualificada.
Pero cuando pueden llegar los problemas es si un Estado miembro considera que hay otra capital que no está cumpliendo con los objetivos establecidos. Entonces, se activa el 'freno de emergencia' por el cual el asunto puede ser alzado hasta el nivel de los jefes de Estado y de Gobierno sin que, según el acuerdo, la Comisión Europea pueda hacer su análisis sobre el cumplimiento o no de las metas hasta que se haya producido un debate político.
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