REFORMA ADMINISTRACIÓN LOCAL

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:

La reforma local es un ataque más a un elemento clave del estado democrático que nos dimos, quizá desde nuestra humilde atalaya, criticamos falta de contundencia, de críticas y de oposición rotunda por parte de los políticos, representantes sindicales pero sobre todo por parte de alcaldes y concejales que, ignoramos si por comodidad con el que manda, por dejadez de su responsabilidad o por cortedad de miras de cara al futuro, optan por no molestar a quien manda.

En el enlace que os adjuntamos, encontraréis un excelente manifiesto, que como amantes de la cosa pública, como trabajadores de la administración local o simplemente como vecinos compartimos plenamente. 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS SERVICIOS SOCIALES. Manifiesto

Publicado por el respetado y admirado Paco Ramos, en su blog www.palenciasocial, así que también aprovechamos para recomendar su visita periódica. 

PROPUESTA DE MANIFIESTO

El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsado por el Gobierno de España, en contra de las tendencias del conjunto de los países europeos, pretende limitar el espacio político de los ayuntamientos anulando su capacidad para intervenir en cuantos asuntos preocupen o representen las aspiraciones de la comunidad local (la llamada cláusula general de competencias locales).

Esa limitación afecta significativamente al conjunto de los servicios personales que prestan los ayuntamientos, precisamente los que exigen un conocimiento más detallado de las necesidades sociales y del entorno vecinal y local en el que aparecen y en el que deben ser abordadas. Es en estos servicios en los que más sentido tienen las políticas de proximidad y menos la búsqueda de economías de escala, que fácilmente se convierten en deseconomías.

Los servicios locales para la calidad de vida son una conquista social del movimiento vecinal y otras organizaciones urbanas de los años 70 y 80,  que ha venido configurando el perfil de la autonomía municipal de los ayuntamientos democráticos, para contribuir como ninguna otra administración a la cohesión social y territorial en España.
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Proponemos

·         La plena competencia municipal en materia de servicios sociales primarios, incluyendo las políticas de prevención, promoción  e inclusión social, gestión de la dependencia, así como los servicios de promoción, dinamización comunitaria y voluntariado social.

·         El refuerzo de las competencias locales en materia de igualdad y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.

·         La consolidación de las competencias locales en materia de información y plena inserción social  de la juventud, desde la información hasta el apoyo a la inserción laboral.

·         Mantener en el ámbito local las competencias de información y defensa a los consumidores y usuarios.

·         Reforzar la implicación municipal en la planificación de la atención primaria de salud y de la educación obligatoria, así como la colaboración con el resto de los niveles de ambos servicios.

·         Ampliar las competencias locales en materia de planificación estratégica, del desarrollo local,  promoción de la actividad económica y el empleo, así como de políticas activas de formación e inserción laboral de colectivos con dificultades específicas en el mercado de trabajo.

·         Recuperar la cláusula general de competencias en los términos establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local: “Las entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.”

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EMPLEO PÚBLICO LOCAL

Castilla y León cuenta con 35.000 empleados públicos locales, el 5,8 % de los de España y el 20,4 % de los empleados públicos de Castilla y León.

El anteproyecto de ley, que amenaza con desmantelar los servicios sociales municipales en detrimento de la calidad de vida, también pone en riesgo el empleo público local y las condiciones laborales de los empleados públicos de los ayuntamientos.

Proponemos

• Reforzar la profesionalización del empleo público local, lo que no se resuelve poniendo comisarios del Estado en los Ayuntamientos -como pretende hacerse con los interventores-, sino desarrollando una función pública moderna y competitiva.
•  Reducir la temporalidad del empleo público local, derivada de la precariedad de un modelo de financiación condicionada.
•   Mantener los servicios públicos locales y el empleo público local, que a lo largo de 2011 ya perdió más de 50.000 efectivos (el 8 %) y sus condiciones laborales.
• Limitar el personal eventual aún más de lo que prevé el anteproyecto de ley.
• Eliminar en la administración local la libre designación como procedimiento para la provisión de puestos de trabajo.
• Configurar en las comunidades autónomas un modelo de función pública que integre a los empleados públicos locales para ampliar las posibilidades de la carrera profesional y de la movilidad horizontal y vertical.
•  Abordar en el marco del diálogo social el refuerzo de la profesionalización de la función pública local.