LA LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES:
Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España
Los presupuestos presentados por el gobierno de España consagran los recortes en materia de servicios sociales y dependencia. Además de mostrar una profunda insensibilidad ante la dramática situación de los ocho millones y medio de usuarios de la red pública, ponen en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar.
Coyunturas al margen, convendría recordar cuatro datos: los servicios sociales del conjunto de administraciones públicas representan el 1,5% del PIB, de los que un 12% los aporta el gobierno central. El recorte presupuestario acumulado del gobierno de Rajoy ha sido del 34% y asciende a un total de 937 millones de euros. Las demandas de la población han supuesto, este año, un incremento de 1.444.772 nuevos usuarios de los servicios sociales, llegando a atenderse a 8.319.124 personas. La crisis y el consiguiente proceso de empobrecimiento de buena parte de la sociedad Española están en el origen de esas nuevas demandas. Sin embargo, durante este periodo se han despedido a 20.000 profesionales del sistema.
La retirada paulatina de la financiación estatal de los servicios sociales destruye cualquier posibilidad de garantizar derechos reconocidos, por ejemplo, atención a la dependencia. Ante la situación actual, la restricción presupuestaria de los servicios sociales es aún más inoportuna, por el miserable e injustificable abandono que comporta para los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. Recortar en servicios sociales y despedir a trabajadores sociales, en estos momentos de crisis y empobrecimiento de la sociedad española, es como si intentáramos afrontar una epidemia especialmente peligrosa recortando el presupuesto en sanidad y despidiendo también a un número importante de médicos.
Los servicios sociales son una actividad esencial, además de estratégica en el contexto europeo. Más aún en estos momentos. De hecho, la estrategia Europa 2020 contempla la lucha contra la exclusión social como objetivo preferente. Sin embargo, en España se está destruyendo el sistema de servicios sociales y se están añadiendo a los recortes las reformas “estructurales” de las administraciones locales, emprendidas sin buscar realmente reformas eficaces y sostenibles, puesto que no se han analizado con un mínimo de rigor y conocimiento ni sus efectos ni sus consecuencias.
Es fácil imaginar cómo se sienten los cientos de miles de personas y familias que están al borde del precipicio de la exclusión social. ¿Cómo explicarles que el Estado se olvida de ellos, en una situación como la que están sufriendo? ¿Cómo decirles que esto ocurre mientras pueden leer en la prensa los millonarios sueldos y comisiones de los directivos de sectores que tanta responsabilidad han tenido y siguen teniendo en la crisis que causa todo este sufrimiento? ¿Cómo interpretar que mientras los excluidos y los más desprotegidos y castigados por la crisis viven su drama, sin ayuda del Estado, sigue aumentando el consumo de bienes de lujo?
La consecuencia de esta situación de desbordamiento de las necesidades más básicas de millones de personas y familias, y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar por parte de las administraciones públicas, solo puede desembocar en una grave conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado construir en nuestro país, así como una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse. Los servicios sociales representan una inversión inteligente y sostenible, puesto que no sólo ayudan a las personas, sino que también cumplen una función preventiva y habilitadora, siempre que estén bien diseñados y desempeñen sus tareas adecuadamente.
Si los responsables de nuestro gobierno no tienen corazón, que saquen la calculadora antes de consagrar más recortes como los contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2015. Que hagan cálculos y verán que las políticas sociales generan más beneficios colectivos que la actual estrategia de acumular ganancias en muy pocas manos, amparándose en falsas ideas de austeridad que solo inducen recortes socialmente injustos.
No se puede explicar lo inexplicable, no se puede consentir que las restricciones presupuestarias se ceben con mayor virulencia en quienes peor lo están pasando. Por eso, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hacemos un dramático llamamiento al gobierno del Partido Popular, con la legitimidad y la fuerza que nos da la voz de los cientos y miles de personas angustiadas que recibimos a diario, para que recapaciten y den marcha atrás a estos recortes en servicios sociales, aprovechando el trámite parlamentario. Es mucho más que una cuestión política: es una exigencia humana.
Si eso no se produce, denunciaremos el carácter injusto, regresivo e inhumano de este gobierno, y consideraremos cómplices a los partidos políticos y las organizaciones sociales –incluida la Iglesia católica, con una presencia tan importante en este sector y tan sensible a otras decisiones políticas–, si no denuncian y se oponen con todas sus fuerzas a esta estrategia suicida de insistir y ampliar los recortes en servicios sociales.
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