Después de un primer
análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso
cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de
las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por
Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de
una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades
públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.
Transparencia Internacional España
realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de
Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de
las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus
contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la
Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. Este análisis vino a poner de
manifiesto el clamoroso incumplimiento de esta normativa legal por parte de una
gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como
Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades
públicas.
El nuevo análisis realizado por TI-España
y el OCP en Julio de 2016 pone de manifiesto ciertas mejoras en el nivel de
cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero en todo caso sigue siendo
inaceptable y realmente preocupante el mayoritario incumplimiento legal por las
entidades públicas de este país. Así, de los 110 grandes Ayuntamientos
españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo 29 de los 110
cumplían esta obligación, esto es el 26% de los Ayuntamientos; en el reciente
análisis realizado en julio la situación sigue siendo casi la misma, dado que
son solamente cuatro Ayuntamientos más los que cumplen la ley, esto es, en la
actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que cumplen esta
normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo sólo el 30% de los
Ayuntamientos cumplen la ley. Resulta significativo que grandes Ayuntamientos
como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
Por otra parte, en relación con las
Comunidades Autónomas, en enero de 2016 eran sólo tres Comunidades entre las 17
totales las que cumplían esta normativa legal. En el reciente análisis del mes
de julio han pasado a ser seis las Comunidades que cumplen la ley, lo que
significa que ahora es algo más de un tercio de las Comunidades las que
cumplen, y por tanto son casi dos terceras partes las que siguen sin cumplir la
normativa legal.
En lo que se refiere a los 19 Parlamentos
(Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) en julio de 2016 sólo cinco
Parlamentos de los 19 totales cumplen la normativa legal, los mismos
Parlamentos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún
avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas,
siendo en este caso significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado
sigan sin cumplir esta normativa legal.
En lo que se refiere a las Diputaciones
Provinciales, en el primer análisis eran 18 las Diputaciones, de las 45
totales, las que cumplían la normativa legal. En estas instituciones se ha dado
el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis, dado que son ahora 27
Diputaciones, esto es, el 60%, las que han pasado a cumplir esta normativa,
siendo en todo caso una proporción del cuarenta por ciento el colectivo de
Diputaciones que siguen incumpliendo la normativa legal.
En lo que se refiere a Universidades
públicas, en el anterior análisis eran 30 las que cumplían la ley de las 51
totales, mientras que ahora son 33 las que cumplen, lo que hace que del 59% de
cumplimiento se haya pasado al 65%, siendo por tanto algo más de la tercera
parte las Universidades que en todo caso siguen sin cumplir esta normativa
legal sobre contratos.
Dado el muy abultado e inaceptable nivel
de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia
Internacional Españainsta a que todas las instituciones públicas cumplan
en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la
información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a
cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a
nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país,
de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y
posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y
por tanto, de la eficiencia económica global.
A continuación se recogen las Tablas que
muestran de forma individualizada el nivel de cumplimiento legal y publicación
de contratos y licitaciones en la PCSP por parte de: a) los 110 grandes
Ayuntamientos, b) los 19 Parlamentos, c) las 17 Comunidades Autónomas, d) las
45 Diputaciones provinciales, y e) las 51 Universidades públicas.
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