20 ENERO: NOS DUELE LA SANIDAD

NOS DUELE LA SANIDAD: 

El próximo 20 de enero, en Valladolid, se llevará a cabo una manifestación convocada por los Movimientos en Defensa de la Sanidad Pública de la Comunidad (MSPD) para denunciar su deplorable estado y exigir un cambio radical tanto en la gestión como en las inversiones por el PP de Castilla y León. 

La sanidad, hasta ayer garantizada, venía a ser el plus indirecto que aliviaba las bajas pensiones y permitía, pese a los escasos jornales y la desindustrialización, sobrevivir en el mundo rural, porque al menos la atención, tanto primaria como especializada, respondía a lo urgente. Eso llegó a su fin. La desatención a una población dispersa, ya es un hecho. El interés privatizador acaba con la inversión pública. La despoblación justifica la retirada de médicos, consultas, pediatras y paliativos. A eso sumar, el derroche insultante que se perpetra en el Hospital de Burgos (y otros) con sobrecostes y fallos en la construcción; el cierre de plantas por toda la geografía; y que en periodos vacacionales, donde se puede hasta quintuplicar el número de habitantes, no se reponen ni permisos ni bajas. Por tanto, lo que parecía imposible, que los habitantes de las zonas rurales se pusiesen en pie y se organizasen en plataformas, el PP lo ha conseguido, y deberá soportar el pulso que los ciudadanos le echarán con fuerza el próximo día 20.

Antes de entrar en pormenores para conocer las razones que nos llevan a ello, advertir, ya que es una cuestión poco debatida y bastante ignorada en estas tierras, que la sanidad figura en la Constitución como derecho de segunda. Es decir, que nuestra Constitución no garantiza la sanidad ya que en ella figura como un derecho social (los derechos civiles son los únicos garantizados). Los derechos sociales quedan relegados a principios rectores, es decir, siempre que al Gobierno le sea posible atenderlos. Resumido: poca intención de proteger la sanidad tuvieron los padres de la Constitución, ninguna la Transición, y cero, tanto el anterior como el actual Gobierno, reformando el artículo 135. Abanderarse contra la reforma de la Constitución, que podría poner a los servicios sociales en la misma categoría que los civiles, garantizándolos, es de supina estupidez si uno no es milmillonario.

La radiografía que genera la protesta es la siguiente:

1) La gestión es un desastre. Se mantiene el mismo organigrama que en el anterior INSALUD. No se tienen en cuenta los cambios sociales y poblacionales habidos.

2) Abandono de la atención sanitaria en el mundo rural. Se suprimen profesionales para llevarlos a zonas urbanas (aquí uno puede hacer más de cien kilómetros buscando médico).

3) Los 12.000 millones menos invertidos por el Estado repercuten en pérdida de profesionales, peor calidad asistencial, cierre de camas,incremento de listas de espera.

4) Conciertos con la sanidad privada (la salud como negocio). Asistencia “sin especialistas”, justificando que no hacen falta pediatras porque los médicos de atención primaria están capacitados, y que no hacen falta especialistas en “cuidados paliativos” porque los internistas y el personal de enfermería se hacen cargo.

5) El colapso sanitario, por las jubilaciones inminentes hasta el 2020, para lo que no se prevé reposición porque se amortizarán con más supresiones en las zonas rurales.

6) Cuando el MDSP pidió a las Cortes que creara una Comisión para responder a este futuro desolador, el PP la hizo inviable.

La reivindicación está clara y no puede esperar 10 meses en lista de espera (la lista que hay en algunas especializaciones aquí) por muy duro que sea el hormigón sin camas ni personal, que es el monumento sanitario que nos deja el Gobierno Autonómico como éxito de su gestión. Conviene que se sepa, en todo el territorio, que aquí se lucha por la sanidad de ellos también, de los que vienen al pueblo de los abuelos varias veces al año. Que se sepa.